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La situación es tal, explica, que en el caso de Oaxaca “en promedio llegan de tres a cinco laudos por semana”, principalmente de “empleados de confianza”, provenientes de alguno de los seis sindicatos activos de la universidad.
“Los trabajadores plantean diferentes demandas por pago de diferencias laborales, por reconocimiento de antigüedad, por el pago de jubilaciones, o despidos injustificados”, precisa.
La diferencia con años anteriores, explica el abogado, es que ahora la universidad enfrenta embargos de cuentas bancarias, ante la imposibilidad financiera para dar respuesta a las resoluciones, que están obligadas a pagar no sólo por la JLCyA sino también por autoridades federales.
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A esta presión jurídica se suma otro factor: las cuentas congeladas de la UABJO son las mismas en las que se deposita el dinero para el pago de salarios de todos los trabajadores, por lo que López Sánchez asegura que los embargos de la JLCyA y otras autoridades jurisdiccionales, para obligar el pago del laudo, son ilegales.
“Constitucionalmente, y de acuerdo a lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo, no pueden afectarse los salarios de los trabajadores. Efectivamente, pueden ocurrir embargos, pero cuando se trata sólo de la demanda de pagos de alimentos, si es una demanda civil o mercantil. Hoy en día, a través de estos embargos están afectando salarios”, sostiene.
Por esa razón, la universidad interpuso una queja contra la JLCyA y ante diferentes instancias del gobierno estatal y del Poder Judicial de la Federación (PJF), al considerar que se trata de un “abuso de autoridad”.
Víctor Alberto Quiroz Arellanes, presidente de la JLCyA, niega los señalamientos del abogado general de la UABJO, pero confirma que la universidad interpuso un amparo ante los tribunales colegiados en materia laboral y administrativa.
Señala que en un laudo laboral se requiere al patrón que realice el pago al trabajador que demanda; sin embargo, en muchas ocasiones la parte patronal no cumple y entonces se inicia un procedimiento para su ejecución, recurriendo al embargo, ya sea de bienes o cuentas bancarias.
Ya en estas instancias, dice, es derecho del trabajador exigir el aseguramiento de cuentas bancarias y es a él a quien corresponde señalar el número, y por tanto la JLCyA ignora su naturaleza, pues no tiene acceso a la administración del patrón, en este caso de la UABJO.
Según Quiroz Arellanes, son más de 50 las demandas laborales que actualmente se dirimen en la Junta.