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A la fecha, a ninguno se le ha revocado la concesión por esta causal, ni por ninguna de las otras establecidas en la ley, como: prestar un servicio distinto al concesionado, prestar el servicio sin contar con póliza de seguro vigente para proteger y asegurar la vida de usuarios, del conductor y de terceros, o proporcionar documentos y datos a la secretaría, entre otras.
Además de las seis carpetas de investigación, entre 2016 y 2018 la Sevitra inició 58 trámites ordinarios para revocación de concesiones, los cuales le compete a esta dependencia resolver. También tiene en curso unos 18 procedimientos administrativos por violaciones a la legislación en materia, como cargar gasolina con pasaje abordo, prestar el servicio sin contar con concesión o hacerlo con clonación de la concesión.
“La sanción es económica o incluso puede ser la suspensión de la licencia de conducir de los conductores o, en su caso, puede iniciar un procedimiento de revocación de la concesión”, afirma José Carlos Cervantes Azcona, subsecretario de Regulación y Control de Transporte de la Sevitra. No obstante, el funcionario acepta que en el caso del transporte público concesionado, un común denominador en administraciones pasadas fue la impunidad y esto, una de las causas de que se tenga un “servicio anárquico”.
“En administraciones pasadas se dejó de hacer algo y fue la regulación del transporte. Lo estamos retomando, estamos en una campaña permanente contra la ilegalidad”, sostiene Cervantes Azcona.
Resultado de esta campaña, detalla, se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado alrededor de 60 vehículos que prestan el servicio de manera ilegal, es decir, que no contaban con concesión, lo cual está penado en el artículo 240 Bis del Código Penal de Oaxaca. También se han detenido aproximadamente 350 vehículos por violaciones a la ley de transporte.
Además, por primera vez, la Sevitra inició procedimientos de extinción de dominio —en el caso de los 60 vehículos puestos a disposición de la fiscalía— para que pasen a ser propiedad del Estado por circular con la cromática de un taxi y no tener concesión.
“Habrá un litigio. No llevamos ninguno hasta el momento, pero ya iniciamos los procedimientos y tenemos que dar la batalla legal para que se haga efectiva la extinción de dominio que prevé la ley de transporte”, afirma.
Pero la decisión de iniciar con estos operativos propiciaron la reacción de las organizaciones que aglutinan a transportistas, la cual, hasta el momento, se ha logrado contener.
“Les dijimos que veníamos a poner orden y estamos poniendo orden, que no vengan a solicitar que acepté algo ilegal, he sido muy claro con ellos cuando han venido”, asegura Cervantes Azcona.