Siguen fraudes, damnificados denuncian 30 casos más en el Istmo
La constructora Mi hogar tradicional, dice que incremento en el costo de mano de obra y materiales le impidió cumplir
Juana Montaño López tiene en sus manos dos tarjetas del Fonden con 15 pesos y 35 centavos, pues el proyecto de fondeo Mi hogar tradicional dispuso de sus recursos para levantar una vivienda que reemplazaría la que perdió en el terremoto del 7 de septiembre.
Pero a más de 11 meses del sismo, y a pesar de que hay un contrato firmado de por medio, la casa de Juana apenas lleva 25% de construcción, por lo que la mujer demandó a la empresa por incumplimiento de contrato.
Juana no es la única que, a casi ocho meses de iniciados los trabajos, aún no ve concluida su casa, tipo interés social con diseño tradicional; tampoco es la única a la que el Ministerio Público (MP) le ha rechazado la demanda bajo el argumento de que es un asunto que le compete al Juzgado Civil. Por esa razón, Juana se organizó con otras 29 personas para ser escuchada.
El 23 de noviembre se firmó el contrato, en el que la empresa se comprometió a comenzar en menos de un mes la obra que tendría un costo de 220 mil pesos, 120 mil de las tarjetas y el resto financiado mediante créditos para damnificados tramitados por la empresa, lo que nunca ocurrió. Finalmente, los trabajos iniciaron hasta enero y en abril llevaban 25%, desde entonces la obra está abandonada.
Durante este tiempo Juana y su familia han vivido en una escuela-refugio y luego en la casa de un familiar; ahí siguen porque no tienen otra opción de vivienda.
“La esperanza de tener un techo era la casa que me construyen, pero hasta eso, el avance está muy mal porque ya está fracturado, parece que el material es de mala calidad, también queremos que eso se verifique y arregle”, explica Juana, mientras muestra las fracturas de la obra.
Martina Antonio Esteva, originaria de Ciudad Ixtepec y quien forma parte de los 30 inconformes, pelea por la casa de su tío por la que dieron 120 mil pesos, pero sólo entregaron la tarjeta de 90 mil pesos en materiales más 10 mil en efectivo.
“Dice que nos va a construir, ¿pero cuándo? No es posible que se viva debajo de techos de láminas pasando castigo porque nos defraudó. Si sabía que no le iba alcanzar que no se metiera. En mi caso, sólo puso la base y estructura, a los demás no les ha cumplido en tiempo y forma”, expresa.
Todo se disparó
Felipe Valdivieso Vega, representante de Mi hogar tradicional, la empresa acusada de fraude por 30 damnificados, se dice dispuesto a dialogar y responder a las familias con las que firmó un contrato. Asegura que de los 30 casos están en proceso de regresar el recurso a cinco personas, mientras que 20 clientes más están dispuestos a esperar la construcción de sus viviendas.
Explica que Mi hogar tradicional surgió como una iniciativa de apoyo a los damnificados, y que desde el principio se les comentó que si querían casas más grandes tendrían que cubrirlo con recursos propios.
“En el caso de las casas de 120 mil pesos, las condiciones de aumento de precio de los materiales y la escasez, así como el aumento al doble o triple del costo de la mano de obra en la región nos impidieron avanzar al ritmo y costos planteados”, dice.
Agrega que la mayoría de las empresas involucradas en la reconstrucción ofrecieron prototipos de 120 mil pesos, pero son viviendas de 180 y 240 mil pesos, cuyo costo adicional está subsidiado por fundaciones nacionales e internacionales.
“En lo personal, he viajado a México y al extranjero para buscar y generar los recursos suficientes para acabar viviendas dignas. Hemos entregado ya algunas y seguiremos cumpliendo con nuestros compromisos de forma paulatina.”, detalla.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en Juchitán, tiene registradas 12 denuncias contra seis constructoras, de las cuales Mi hogar tradicional tiene cinco quejas, una empresa a nombre de Cecilio Sánchez Jiménez tiene cuatro y ML Construcciones una más.
Maura Ortiz Jiménez, jefa de oficina de Profeco Juchitán, asegura que se buscó conciliación entre las partes, pero las constructoras argumentaron que los precios de materiales y mano de obra elevó los costos, por lo que no se logró un arreglo.
Con éstas suman 70 las denuncias, que EL UNIVERSAL ha registrado, de damnificados contra empresas que incumplieron la construcción de viviendas en Juchitán, Ixtepec, El Espinal y Chicapa de Castro.
