Ordenan transparentar designación de Bolaños

TSJE negó datos del titular del Poder Judicial; tiene 10 días para mostrar legalidad del cargo

Según la denuncia, Bolaños tomó posesión de un cargo sin reunir los requisitos constitucionales. (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)
Especiales 22/01/2018 11:41 Juan Carlos Zavala Oaxaca Actualizada 10:34

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Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenaron al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) transparentar el procedimiento por el cual se designó a Raúl Bolaños Cacho Guzmán como titular del Poder Judicial de Oaxaca.

Desde agosto de 2017, el TSJE no ha respondido una solicitud de transparencia sobre los pormenores legales del nombramiento del magistrado jubilado Raúl Bolaños Cacho.

El solicitante pidió conocer si Bolaños Cacho presentó examen de oposición como lo marca la ley, qué vacante de magistrado ocupó y cuál es la última fecha de jubilación de un magistrado del Tribunal.

El Tribunal tampoco ha informado sobre la fecha en la que se jubiló el  titular del Poder Judicial, el periodo en que integró la Sala, ni sobre su desempeño como magistrado, motivo por el cual se solicitaron todas las versiones públicas de las sentencias que dictó en el periodo que integró Sala.

La resolución, a cargo del comisionado Juan Gómez del IAIP, ordena entregar la información solicitada sin ningún costo para el solicitante, en un plazo no mayor a 10 días, a partir de la notificación. También ordena fincar responsabilidades administrativas por no transparentar la información y por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca.

De acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, por el ciudadano Rafael García, Bolaños Cacho  es acusado del delito de usurpación y ejercicio indebido de funciones como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Según la querella, el funcionario aceptó un cargo y tomó posesión de él sin reunir los requisitos constitucionales, y ejerce funciones de un cargo sin haber tomado posesión legítima del mismo.

Dicho delito se sanciona hasta con dos años de prisión y una multa de hasta 5 mil pesos. Además de  otros cuatro años por fungir como funcionario sin serlo.

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