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De las siete quejas, cinco fueron interpuestas en 2017 y dos en 2018. Para inicios de este año, la situación no ha cambiado. Padres de familia y el magisterio piden al gobierno del estado que agilice la reconstrucción de las escuelas, principalmente las del Istmo de Tehuantepec, pues han sido los tutores quienes costean la renta de las sedes alternas.
“Que acelere el término de las obras de la escuela, que ya después de iniciada la obra se dé la culminación, ya no podemos seguir en esa condición”, señala Javier Carrasco González, tesorero del comité de padres de familia de la primaria Daniel Pineda, ubicada en Juchitán de Zaragoza, uno de los municipios más afectados.
Este plantel, que anteriormente atendía a casi mil estudiantes, resultó con daños en 24 aulas, por tanto los alumnos aún reciben clases en una sede alterna. De acuerdo con el tutor, las obras llevan un avance de 90% y la constructora responsable de la obra les ha informado que a finales de marzo concluirían los trabajos. Pese a ello, dice, desconocen oficialmente la fecha en que los alumnos volverían a su edificio original.
“El gobierno no nos ha dicho nada, nosotros somos los que estamos presionando, nosotros queremos que se agilice un poco más”, declara.
“Que generen las condiciones para que se entreguen los espacios dignos para los estudiantes, porque los padres de familia, quienes rentan espacios alternos, pues ya están cansados de hacer cooperaciones para pagar espacios alternos”, señala Wilbert Santiago Valdivieso, secretario de Prensa y Propaganda del sindicato magisterial.
Según cifras oficiales, los sismos de 2017 dañaron 3 mil 240 escuelas, principalmente en el Istmo, y para su reconstrucción se destinaron 2 mil 312.5 millones de pesos del orden federal y estatal. Esta cifra difiere con lo declarado por la Sección 22, que contabilizó 4 mil 632 planteles afectados.
De acuerdo con el gremio docente, de ese total de escuelas dañadas en el Istmo aún hay 630 planteles que no han sido entregados. En estos inmuebles el avance de la reconstrucción va desde un 20 hasta un 80%. De esta cifra, detalla Santiago Valdivieso, en 180 instituciones las constructoras advirtieron a principio de año la posible suspensión de obras por la falta de pago por parte del gobierno estatal.
