Sin rastro 13.5 mdp en el Poder Judicial de Oaxaca
Órgano Superior de Fiscalización halló “probable daño al erario” en la Cuenta Pública de 2017
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca realizó pagos a personas que ya no eran trabajadores; no comprobó gastos en alimentación, congresos, convenciones y partidas para sueldos de mandos medios y superiores, entre otras irregularidades encontradas en los recursos públicos ejercidos en el año 2017.
De acuerdo con la revisión física y documental realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), las observaciones sobre un probable daño al erario ascendieron a 13 millones 507 mil 617.59 pesos; es decir, el 29.55 por ciento de 45 millones 707 mil 160 pesos, monto fiscalizado por el organismo.
En la revisión a las partidas sueldos para mandos medios y superiores, con asignación ordinaria de operación, se constató que existen importes no pagados y que corresponden a bajas de personal, sin que exista evidencia de su reintegro a la Secretaría de Finanzas, por un importe total de 594 mil 284.80 pesos.
Mientras que se detectaron irregularidades por 11 millones 99 mil pesos, porque no se encontró documentación comprobatoria y justificativa, en la partidas sueldos para mandos medios y superiores; alimentación, servicios de comedor y víveres para personas; servicios de vigilancia; conservación y mantenimiento menor de inmuebles; reuniones, congresos y convenciones; materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; materiales, útiles y equipos menores de oficina; y, capacitación y desarrollo personal.
Respecto a gastos en servicios de vigilancia; conservación y mantenimiento menor de inmuebles; reuniones, congresos y convenciones; y, equipo de cómputo y tecnologías de la información, se constató que existen pólizas de diario correspondientes al momento contable del gasto devengado, que no cuentan con documentación comprobatoria y justificativa, por más de 1 millón 668 mil pesos.
Y finalmente, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca reportó la compra de un automóvil marca Nissan, modelo 2018, tipo March active, color blanco, por un importe de 146 mil 314 pesos, pero el cual no se encuentra en la plantilla vehicular y no fue presentado para la inspección física correspondiente, reveló el OSFEO en la auditoría OA/CPE/010/2018.
Además, señaló que de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria proporcionada por el Consejo, de la partida capacitación y desarrollo de personal, realizada con asignación ordinaria de operación, se constató que no cumplió con sus metas establecidas.
En total, el organismo fiscalizador resumió que se determinaron 12 resultados de los cuales se formularon siete observaciones, mismas que no fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe, generándose tres recomendaciones y cuatro solicitudes de aclaración.
“De lo anteriormente descrito, se concluye que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en términos generales no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para el correcto ejercicio del gasto público y en materia de transparencia, toda vez que como se precisa en los resultados, cuentan con un deficiente control interno, existen errores y omisiones en los registros presupuestales y contables, además de carecer de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente”.
En agosto de este año, los diputados locales de la 63 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron por mayoría desaparecer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
La reforma a la Constitución del Estado, sin embargo, fue impugnada por los magistrados Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar, Camerino Patricio Dolores Sierra, René Hernández Reyes, Narciso Abel Alvarado Vásquez, Tito Ramírez González, Sonia Luz Ireta Jiménez, José Luis Reyes Hernández, José Luis Ríos Cruz, Leandra Jaquelina Ortega Ramírez, Rogelio Gabriel Morales Cervantes y Alfredo Lagunas Rivera.
Estos últimos argumentaron la falta del debido proceso deliberativo de naturaleza democrática que dieron a la iniciativa de reforma que desaparece el Consejo y en consecuencia, sin respetar la previa designación efectuada de sus miembros y la violación de terminar anticipadamente la temporalidad de la designación de consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
La inconformidad de un grupo de magistrados llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la permanencia del Consejo o la validez de su desaparición y la creación la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, aún sigue sin resolverse.
Para el presidente del Poder Judicial de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, el Consejo de Judicatura debe desaparecer por no cumplir con la función para la que fue creado. “Es un elefante blanco de 27 millones de pesos”.
Según Cacho Guzmán, además, es responsable de la crisis financiera que padeció el Poder Judicial en el sexenio anterior, cuando hubo problemas hasta en suministros básicos como papel o mobiliario.
El Consejo de la Judicatura fue creado durante la administración de Gabino Cué Monteagudo con el objetivo de conducir la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Tribunales Especializados, Juzgados y Tribunales de primera instancia.
Con su creación, el Poder Judicial pasó a estar conformado por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura; pero es precisamente este último el que administra la gran parte del presupuesto para este Poder: 660 millones 58 mil 906 pesos de los 819 millones 339 mil 886 pesos que se asignaron para el ejercicio fiscal 2018.
“Su origen era quitarle poder al Poder, se decía que no debía el Tribunal Superior de Justicia ser administrador y tener funciones jurisdiccionales al mismo tiempo. El sentido se justifica pero en la práctica no opera. Por decir un ejemplo, un juez es maestro en derecho penal, civil, pero nunca ha sido contador, organizador”, explicó.
Una institución de este tipo, según Bolaños Cacho, sólo se justifica en tribunales grandes como el Poder Judicial de la Federación que cuenta con alrededor de 30 mil trabajadores como los del Estado de México y Nuevo León, con un gran número de personal; pero no, en uno como en Oaxaca con tres mil trabajadores y un presupuesto reducido.
Para él, los recursos que se destinan a la operación del Consejo deben destinarse para la apertura de nuevos juzgados y bajar la carga de trabajo que tienen los jueces, e incluso en aumentar los salarios de algunos trabajadores.
