“Evasión fiscal, por retrasos de Sefin”
Dependencias estatales han incumplido pago del ISR al SAT; acusan retención de recursos de parte de Secretaría de Finanzas
La evasión fiscal en las dependencias estatales y organismos autónomos se ha convertido en una práctica común que se arrastra desde el sexenio anterior y que prevalece en éste, asegura el presidente de la Comisión de Presupuesto y Programación de la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados del Estado, Tomás Basaldú Gutiérrez.
El caso más reciente es el de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), órgano autónomo que opera con recursos públicos y que no integró al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que quincenalmente se descuenta a los trabajadores, según una auditoría realizada por la Contraloría Interna del organismo en 2016.
De acuerdo con la revisión fiscal número DDHPO/OD/CI/OA/01/2016 realizada a la Dirección Administrativa, no se encontró evidencia del pago del ISR del personal asimilado a salarios por los meses de octubre a diciembre de 2015, por un importe de 315 mil 778 pesos.
Consultada por EL UNIVERSAL, la DDHPO aseguró que el atraso en el cumplimiento del pago de las contribuciones fiscales en dicho periodo se debió a que la Secretaria de Finanzas (Sefin) presentaba un atraso en las ministraciones a su favor, y cuando éstas fueron regularizadas, se cumplió con las obligaciones fiscales.
Evasión similar
Esta evasión es similar a lo que ocurrió en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana (IEEPCO) y el Colegio de Bachilleres (Cobao).
El más grave de estos casos se fue en los SSO, pues el dinero se usó para el pago de salarios a personal contratado sin soporte presupuestal.
En su momento, el subsecretario de Auditoría y Supervisión de Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), Eduardo Cruz, detalló que entre 2013 y 2016 la dependencia dejó de pagar el ISR, desvío de recursos asciendió a los 2 mil 450 millones de pesos.
Según el funcionario, de acuerdo con el Código Penal Federal, el dinero que la dependencia debe al SAT configura de defraudación fiscal “al no haber entregado en tiempo y forma los impuestos”.
Esta evasión fiscal también se detectó en 2016 en el IEEPCO, en los pagos de salarios por un importe de más de 40 millones 268 mil pesos del personal que se contrató por medio de los Consejos Distritales para trabajar en los meses de mayo y junio; en los aguinaldos a personal eventual, de consejos distritales y municipales.
La irregularidad se detectó también en un monto de 9 millones 621 mil pesos que se pagó por bonos y compensaciones extraordinarias.
Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao) denunciaron una situación similar, lo que originó una serie de protestas para exigir el pago que debió haberse realizado a terceros institucionales y no institucionales, por un monto aproximado de 50 millones de pesos.
Vigente en este sexenio
Para el diputado local Basaldú Gutiérrez (PRD), presidente de la Comisión de Presupuesto y Programación del Congreso local, la normalización de la evasión fiscal entre dependencias gubernamentales y órganos autónomos se debe a que la Secretaría de Finanzas no ha transferido en tiempo y forma el presupuesto asignado y programado a las diferentes entidades de la administración pública.
Esta situación aún continúa en el presente sexenio, pues a decir del legislador, el actual titular de la Sefin, Jorge Gallardo Casas, ha incurrido en una “serie de atropellos” al no liberar los recursos públicos presupuestados desde diciembre de 2017.
“Es muy grave. Además este señor de Finanzas se lo hace a todas las dependencias e incluso al Poder Judicial y Poder Legislativo. En el caso del Poder Legislativo le transfiere los recursos cuando quiere, ahí tiene que andar buscando para pagar al personal administrativo, por eso se agarra el dinero del ISR. Es muy evidente la evasión de impuestos”, dijo.
El legislador afirmó que el secretario de Finanzas no puede argumentar que la Federación no ha entregado los recursos al gobierno estatal porque están los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), donde precisa la integración puntual del presupuesto asignado e incluso, de recursos extraordinarios provenientes de los excedentes del petróleo.
Para el legisador, cuando el retraso en la ministración de los recursos tiene fines políticos es cuando se trata de ayuntamientos, pero en el caso de entes gubernamentales, poderes y organismos autónomos se debe “al jineteo de los recursos”.
Por la gravedad de la situació, hace dos semanas el diputado presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que así el titular de la Sefin pueda ser sancionado penalmente por retrasar dolosamente la ministración de recursos.
“La ley únicamente establece responsabilidades administrativas; lo que nosotros buscamos es que las responsabilidades sean penales”, dijo.
Además, Basaldú adelantó que analiza, junto con abogados, interponer una denuncia contra el secretario de Finanzas, Jorge Gallardo, por no entregar el presupuesto en las fechas que fue programado.
