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A temprana hora, ensillaron sus mulas y cargaron sólo con lo que pudieron, tras ser víctimas de amenazas, hostigamiento y arrestos ilegales. ¿La causa? Las familias se negaron a continuar cooperando 2 mil 500 pesos cada una, tres veces al año, para las celebraciones católicas de la comunidad, pues ellos profesan la fe evangélica.
Los municipios donde siguen presentes son Estancia de Morelos, en Santiago Atitlán; Santiago Teotlaxco, Santa María Yohueche, San Baltazar Yatzachi, Rancho Las Flores y El Aguilucho, de Santa María Tlahuitoltepec; San Miguel Soyaltepec, San José Monteverde, La Chachalaca, en Santiago Camotlán, y Tamazulapam Villa del Progreso.
Gobernación también informa que, con agresiones en ocho municipios, los Testigos de Jehová es la congregación que más ataques ha recibido, según las denuncias.
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Para Miguel Zárate, encargado de Persecución Religiosa en el estado de Oaxaca —organización cristiana no gubernamental—, estas cifras que se reportan de manera oficial y por algunas asociaciones de derechos humanos están muy por debajo de la realidad y asegura que podrían ser más de 50 casos.
En menos de tres años, advierte, sólo su organización ha llevado un total de 39 casos de intolerancia religiosa contra personas en comunidades indígenas que profesan la religión evangélica, sin contar los casos que llevan otras asociaciones.
“Hay comunidades donde nosotros llegamos y hay que caminar hasta ocho horas. Ahí los encarcelan por días y hasta los matan y los amenazan: ‘Si no cooperas te vamos a meter a la cárcel o te desaparecemos’. Ellos no hablan español y no saben cómo defenderse y aguantan la tortura”, relata Zárate.
Recuerda, por ejemplo, lo que ocurrió en 2012 cuando 80 familias evangélicas fueron desplazadas de Metaltepec Mixe. Antes de correrlos, los habitantes los atacaron a balazos, lo que dejó dos muertos y una decena de heridos.
“Se interpuso una denuncia penal y el gobierno les dio la categoría de personas vulnerables, ya nunca volvieron a sus hogares”, añade.
Agrega que autoridades u organismos de derechos humanos conocen pocos casos porque las personas de pueblos originarios que son víctimas de intolerancia religiosa no denuncian, por temor a ser despojados de su hogar y tierras, o que puedan hacer daño a sus hijos y ancianos.
Uno de los principales problemas, explica, es que los habitantes de estas comunidades se excusan diciendo que se rigen por usos y costumbres, y que “esa es la voluntad del pueblo”.
“La Constitución dice en su artículo 24 que todo mexicano tiene derecho a ejercer la religión que más le convenga y el artículo 2 de Asociaciones Religiosas, que emite el gobierno del estado, dice en su capítulo 2 que la persona que profese una religión no está obligada a cooperar económicamente, en especie o en esfuerzo físico a una religión que no practica. Entonces, hay una contradicción”, concluye.
