Conflictos religiosos dejan a familias sin hogar en Oaxaca
Entre 2010 y 2017 la Segob contabilizó 20 casos, 9 de ellos aún activos; asociación reporta más de 50
La mañana del 20 de marzo tres familias fueron expulsadas de San Jacinto Yaveloxi, una comunidad indígena en el municipio Santiago Choápam, en la región de la Cuenca del Papaloapan. En total fueron 20 personas, incluidos siete menores de edad, a quienes las autoridades municipales y la asamblea del pueblo obligaron a dejar su hogar.
A temprana hora, ensillaron sus mulas y cargaron sólo con lo que pudieron, tras ser víctimas de amenazas, hostigamiento y arrestos ilegales. ¿La causa? Las familias se negaron a continuar cooperando 2 mil 500 pesos cada una, tres veces al año, para las celebraciones católicas de la comunidad, pues ellos profesan la fe evangélica.
Dos meses después, en mayo, un grupo de pobladores de San Miguel Santa Flor, acompañados por el párroco católico, amenazó con linchar a dos pastores evangélicos y quemar su iglesia. Se trata de la misma población de la Cañada de donde habían expulsado a familias por pertenecer a los Testigos de Jehová.
Según la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego), existen al menos 13 conflictos religiosos en la entidad; no obstante, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha documentado 20 conflictos entre 2010 y 2017, de los cuales nueve seguían activos.
Los municipios donde siguen presentes son Estancia de Morelos, en Santiago Atitlán; Santiago Teotlaxco, Santa María Yohueche, San Baltazar Yatzachi, Rancho Las Flores y El Aguilucho, de Santa María Tlahuitoltepec; San Miguel Soyaltepec, San José Monteverde, La Chachalaca, en Santiago Camotlán, y Tamazulapam Villa del Progreso.
Gobernación también informa que, con agresiones en ocho municipios, los Testigos de Jehová es la congregación que más ataques ha recibido, según las denuncias.
También han interpuesto denuncias el Centro Cristiano de Restauración Fuerza Ágape de la República Mexicana, la Iglesia de Dios de la Profecía, la Defensoría Cristiana de Derechos Humanos, Concilio Principio y Fin en la República Mexicana, Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Ministerio Evangelístico de Embajadores de Cristo y la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Las pugnas por la fe también han dejado 58 quejas, de 2015 a la fecha, ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO): 10 en 2015, 22 en 2016, 14 en 2017 y 12 en lo que va de 2018; a estos se suman otros tres casos, en los que ya se emitió una recomendación.
Además, según la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, unos 20 conflictos por intolerancia religiosa en Oaxaca condujeron al desplazamiento de dos docenas de familias, las cuales aún no han regresado a sus hogares.
Indígenas, los más vulnerables
Para Miguel Zárate, encargado de Persecución Religiosa en el estado de Oaxaca —organización cristiana no gubernamental—, estas cifras que se reportan de manera oficial y por algunas asociaciones de derechos humanos están muy por debajo de la realidad y asegura que podrían ser más de 50 casos.
En menos de tres años, advierte, sólo su organización ha llevado un total de 39 casos de intolerancia religiosa contra personas en comunidades indígenas que profesan la religión evangélica, sin contar los casos que llevan otras asociaciones.
“Hay comunidades donde nosotros llegamos y hay que caminar hasta ocho horas. Ahí los encarcelan por días y hasta los matan y los amenazan: ‘Si no cooperas te vamos a meter a la cárcel o te desaparecemos’. Ellos no hablan español y no saben cómo defenderse y aguantan la tortura”, relata Zárate.
Recuerda, por ejemplo, lo que ocurrió en 2012 cuando 80 familias evangélicas fueron desplazadas de Metaltepec Mixe. Antes de correrlos, los habitantes los atacaron a balazos, lo que dejó dos muertos y una decena de heridos.
“Se interpuso una denuncia penal y el gobierno les dio la categoría de personas vulnerables, ya nunca volvieron a sus hogares”, añade.
Agrega que autoridades u organismos de derechos humanos conocen pocos casos porque las personas de pueblos originarios que son víctimas de intolerancia religiosa no denuncian, por temor a ser despojados de su hogar y tierras, o que puedan hacer daño a sus hijos y ancianos.
Uno de los principales problemas, explica, es que los habitantes de estas comunidades se excusan diciendo que se rigen por usos y costumbres, y que “esa es la voluntad del pueblo”.
“La Constitución dice en su artículo 24 que todo mexicano tiene derecho a ejercer la religión que más le convenga y el artículo 2 de Asociaciones Religiosas, que emite el gobierno del estado, dice en su capítulo 2 que la persona que profese una religión no está obligada a cooperar económicamente, en especie o en esfuerzo físico a una religión que no practica. Entonces, hay una contradicción”, concluye.
