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Cecilio Villalobos Fuentes dirige desde hace 16 años a unos 200 carretoneros, dice que varios de sus integrantes quieren modernizarse y una opción para lograrlo sería “la modalidad de moto recolectores”; no obstante, explica que para hacerlo necesitarían invertir montos de dinero que ellos no tienen, pues apenas cobran 5 pesos en cada vivienda donde recogen los residuos.
Además de los 200 carretoneros que dirige Cecilio y que están organizados en la Alianza de Recolectores de Basura, en Juchitán el servicio también es prestado por cuatro camiones tipo compactadora, dos volteos y tres moto recolectores del gobierno municipal, los cuales no cobran. Entre todos ellos cada día se recolecta entre 150 y 200 toneladas de basura.
Para contener todos esos desperdicios Juchitán cuenta, desde 2015, con una planta de tratamiento integral de RSU, la cual significó una inversión de 47 millones de pesos, provenientes de recursos federales, de acuerdo con el contrato Fonregión MHCJ2 N8923 2015. El problema es que la planta a la fecha no ha iniciado operaciones.
De acuerdo con el coordinador del Foro Ecológico Juchiteco, Gonzalo Bustillo Cacho, la planta sólo se está deteriorando, pues lleva casi tres años expuesta al viento, al sol y las lluvias, mientras en la ciudad la basura sigue tirándose a cielo abierto.
Pero los habitantes de Juchitán no son los únicos afectados, debido a que la obra estaba proyectada para beneficiar a 285 mil habitantes de 11 municipios del Istmo de Tehuantepec. Además de Juchitán de Zaragoza, estaban considerados los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec, Unión Hidalgo, El Espinal, Santa María Xadani, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Jalapa del Marqués, San Blas Atempa y Magdalena Tequisistlán.
Para poder echar andar dicha planta de tratamiento, que por ahora nadie opera, las actuales autoridades juchitecas han acudido a Puebla, la Ciudad de México y Querétaro, en busca de empresas especializadas en manejo de residuos urbanos.
Bustillo Cacho, coordinador del Foro Ecológico Juchiteco, señala que dicha práctica “es irresponsable y pone en riesgo la salud”, pues indica que los RPBI deben tener un destino diferente a los basureros de la ciudad y, por lo tanto, exige a las autoridades locales a buscar un esquema que permita salvaguardar la salud pública.
