SSO también le deben 2 mil 450 mdp al SAT
Contraloría estatal investiga desvío de recursos, peculado y defraudación fiscal; también identificó asignación irregular de obras públicas
Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) enfrentan una de las crisis financieras más severas en su historia, resultado del desvío de recursos, defraudación fiscal, contratación indebida de personal e irregularidades en adjudicación de obra, según hallazgos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado (SCTG).
La defraudación fiscal y el desvío de recursos dejaron una deuda que supera los 4 mil millones de pesos, y aún falta solventar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), por más de 2 mil 100 millones.
En conjunto, la probable malversación es mayor a los 6 mil millones de pesos, cantidad que supera seis veces el presupuesto de 2018 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), que es de 971 millones 112 mil pesos. A ello se suma el quebranto derivado de irregularidades en la ejecuación de obra pública, el cual aún no ha sido cuantificado.
El subsecretario de Auditoría y Supervisión de Obra de la SCTG, Eduardo Cruz Sánchez, detalla que las auditorías, a punto de concluir, indican que de 2013 a 2016, en sexenio de Gabino Cué, se registraron irregularidades en la licitación de obras en clínicas, centros de salud y hospitales, pues no se respetó la normatividad. “Hay un verdadero desaseo en la asignación de obras: se adjudicaron algunas sin licitación y sin respetar los procedimientos y protocolos a los que obliga la ley”, asegura.
Presuntos contratistas se amparan
El tema de los desvíos a los SSO, a través de obra pública, cobró relevancia desde junio de 2017, cuando el ex titular de Salud con Cué, Germán Tenorio, fue aprehendido por la Fiscalía de Oaxaca acusado de reportar infraestructura sanitaria falsa por un monto de 100 millones de pesos, a través de contratos con 11 empresas. También fue detenido Rigoberto Hernández, ex jefe de la Unidad de Obras, y otras seis personas, presuntamente contratistas.
Dos de los presuntos contratistas, Silvia Ramírez y Ángel Martínez, implicados en la construcción de baños ecológicos para municipios marginados, obtuvieron su libertad provisional, luego de siete mese. En su momento, la defensa de ambos denunció que fueron víctimas de robo de identidad para hacerlos pasar como representantes de empresas involucradas en el fraude a los SSO. Los dos eran trabajadores de la llantera Avantires S. A. de C. V., de donde presumen que robaron sus datos.
Su liberación fue confirmada a EL UNIVERSAL por el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Jorge Iruegas Álvarez. “Los dos que salieron son los que fueron nota mediática por robo de identidad. Ellos promovieron la revisión de la medida cautelar, aportaron lo que deben aportar y el juez les otorgó una garantía”, explica.
Según las fuentes allegadas a la investigación, existen al menos otros 50 amparos interpuestos por supuestos contratistas y servidores públicos. Las peticiones de amparo incluyen los que interpusieron ex funcionarios para evitar ser aprehendidos, los que buscan echar abajo el auto de formal prisión y otros contra la decisión del juez de negar libertad provisional.
Deuda heredada
Además del “desaseo” que arrastran los SSO en obras y licitaciones, las revisiones de la Contraloría indican que dejaron de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que se descuenta a los trabajadores vía nómina y que debió ser integrado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT). El desvío asciende a 2 mil 450 millones de pesos que la dependencia debe al SAT y que, de acuerdo al Código Penal Federal, se configura como defraudación fiscal.
Se encontró, además, un desvío de alrededor de mil 700 millones de pesos de los recursos que se retienen a los empleados para el pago de terceros como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste), Fondo de Pensiones y Afores, entre otras. En este caso, el delito que se configura, según al Código Penal, es peculado.
“El SAT notifica a los SSO en noviembre de 2016 por incumplimiento y les finca un crédito por retenciones de salarios, de honorarios y de arrendamientos de alrededor de mil 350 millones”, declara Eduardo Cruz Sánchez, subsecretario de Auditoría y Supervisión de Obra de la SCTG.
En consecuencia, agrega, hoy la dependencia tiene una deuda de seis mil millones de pesos y un déficit anual de mil 700 millones. “Esto ocurrió porque se desviaban recursos para pagar a dos mil 300 trabajadores eventuales”, asegura.
De seguir así, afirma, en los próximos cinco años la deuda de los SSO será superior a los 15 mil millones de pesos, pues al quebranto actual de 6 mil millones se le sumarían 8 mil 500 millones más, que se acumularían durante esos cinco años por el déficit de mil 700 millones que arrastra anualmente la dependencia.
Cruz Sánchez manifiesta que la situación es preocupante. “Son más de cuatro mil millones de pesos que se adeudan por pago de impuestos y a terceros. Si la Federación ‘voltea’ y decide descontar de las participaciones federales para cubrir la deuda al SAT, podría quitar 200 millones mensuales que recibe el estado.
