Enviado por evlin.aragon en Mié, 05/30/2018 - 10:00
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Marina González, síndica de Ayotzintepec, acusó que fue víctima de violencia política y de género por parte del edil Tomás Salas, en 2017. Foto: ARCHIVO / EL UNIVERSAL
30/05/2018 10:00
Yuridiana Sosa

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha registrado nueve nuevos casos de violencia política contra las mujeres en lo que va de este 2018, entre los que se contemplan los ocurridos contra aspirantes para asumir un cargo público y que participan en el proceso electoral de este año.

Desde el año 2015 al mes de mayo de este 2018, el organismo cuantifica 40 casos de violencia contra las mujeres que intentan o llegan a ocupar funciones como autoridades dentro de los ayuntamientos municipales de Oaxaca.

Los casos continúan acumulándose, a pesar que en 2016 el Congreso local aprobó tipificar el delito de la violencia política de género, marcada en el artículo 401 Bis al Código Penal local.

Artículo

Demandaron garantizar el derecho a una libre participación, sin ser discriminadas y repudiaron cualquier forma de violencia en su contra

Cuarenta casos en tres años

Durante  2015 y 2016 se reportaron dos y seis casos, respectivamente, mientras que en  2017, la DDHPO conformó 23 expedientes por violencia política de género, principalmente por hechos relacionados a su llegada como autoridades municipales.

En lo que va de este año de proceso electoral ya suman nueve casos; en todos  se han brindado medidas cautelares para las mujeres.

El titular de la Visitaduría General, Juan Rodríguez Ramos, señaló que estas cifras dan muestra que no se han realizado suficientes acciones en materia de políticas públicas para reducir la brecha de la violencia contra las mujeres en este ámbito.

Apuntó que pese a que las autoridades electorales de diferentes niveles y la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca (Segego) resuelven a favor de ellas, es en el ámbito municipal donde se encuentran con el mayor obstáculo para reincorporarlas a sus funciones.

A su llegada como gobernador, Alejandro Murat Hinojosa propuso enviar al Congreso local una ley que proteja a las mujeres y castigue a quienes buscan violentar sus derechos políticos electorales hasta con la suspensión de cargos o retirarles el fuero; no obstante, hasta el momento, únicamente se han elaborado reformas a la normatividad vigente.