Hasta el martes 35 mexicanos habína sido deportados de Estados Unidos, como parte de las redadas promovidas por el presidente Donald Trump, para buscar a alrededor de 2 mil familias a las que un juez de inmigración había ordenado que se retiraran del país, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de ese país.
Nuevas oportunidades.
Ante las desiciones del gobierno estadounidense, la diputada Elena Cuevas adelantó que se busca que los oaxaqueños repatriados puedan trabajar en proyectos productivos, “aplicando sobre todo las técnicas que ellos traen, no solamente tendrían ellos trabajo, sino nos abonarían a que algunos paisanos puedan tener empleo”.
Por ello, detalla que se analiza la posibilidad de quienes regresen a Oaxaca y hablen inglés puedan obtener una certificación en el estado para laborar en el servicio educativo público, principalmente en el nivel escolar básico.
Las propuestas están en desarrollo aún y, para llevarlas a cabo, la legisladora considera que podrían realizarlas con recurso de las remesas porque hasta ahora no contempla la gestión de un fondo desde el Poder Legislativo.
El pleno de la 64 Legislatura local aprobó la reforma al trigésimo segundo párrafo del artículo 12 de la Constitución Política de Oaxaca, el cual determina ahora que, sin importar el origen, el gobierno del estado deberá de garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes oaxaqueños y también a los extranjeros que transiten por el territorio de la entidad.
“El estado, dentro de su territorio, velará por el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes y brindará asistencia integral a ellos y a sus familias, tanto nacionales como extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes, personas de la tercera edad y víctimas de delito”, se establece.
Esta reforma aprobada por el Congreso de Oaxaca ocurre mientras el gobierno federal, tras presiones de Estados Undios, reforzó la frontera sur de México para frenar la migración ilegal de centroamericanos, mediante la movilización de efectivos de la Guardia Nacional en territorio de las entidades del sureste, incluida Oaxaca.
Pese a ello, la legisladora oaxaqueña asegura que la iniciativa de ley no desobedece a la disposición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Los migrantes me han dicho lo que ellos sufren, la humillación que tienen, de ahí nace esta iniciativa. Por ello, a Oaxaca lo ponemos como ejemplo para que también lo vean otros estados y países”, opina Cuevas Hernández, quien asegura que seis de cada 10 migrantes reportaron algún tipo de abuso en Chiapas y Oaxaca.