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En la disputa, un grupo se atrincheró en el edificio central, lo que desencadenó el incendio de una de las puertas laterales que dan al Centro Histórico, así como otros daños en el interior del inmueble, considerado patrimonio de la humanidad.
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Pero la “toma” de instalaciones —que se cataloga como despojo— no es el principal delito que se comete al interior de la universidad, pues sólo representa 20% de las denuncias. De acuerdo con el abogado General de la UABJO, Héctor López Sánchez, el principal delito que se comete en las unidades académicas es el robo, el cual abarca hasta 50% de las denuncias presentadas; el resto lo integran tanto riñas como lesiones contra estudiantes, docentes y personal administrativo.
Además, se han interpuesto dos denuncias por la venta de espacios para estudiantes que buscan ingresar a la universidad.
Para el abogado universitario, la máxima casa de estudios ha cumplido su obligación, pues una vez que se han denunciado las afectaciones al patrimonio o a la población universitaria le corresponde a la fiscalía “la persecución de este tipo de ilícitos”. Incluso, agrega que fue hasta la llegada de Eduardo Bautista a la rectoría que se comenzó con las denuncias, pues antes no existía ningún registro sobre los probables delitos y actos vandálicos en la UABJO, aunque eran recurrentes.
“No hay antecedentes de denuncias que se hayan interpuesto con anterioridad a esta administración. Cuando llegamos a esta área, el director de Asuntos Penales no encontró archivos correspondientes a denuncias”, asegura López Sánchez.
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“Aprovechan esos momentos para ingresar al campus y hacer la sustracción de bienes y muebles de la universidad; a veces, son pequeños grupos que les permite ingresar y realizar los robos. También hemos detectado grupos delictivo que no son universitarios”, afirma.
“Todas se están trabajando, tenemos una excelente coordinación con las autoridades educativas y con el abogado general”, sostiene el fiscal.
Sobre cómo frenar toda esta situación, el abogado López Sánchez opina que las limitaciones económicas no le permiten a la universidad contar con video-vigilancia, y control de acceso vehicular y de personas, lo que “limita el sistema de control interno”.
“Mucho ayudaría este tipo de controles, pero al requerir equipos sofisticados resultan muy costosos en términos de su adquisición”, manifiesta.