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“Se estima que sólo 8% de la población jornalera está inscrita al IMSS y las estrategias de los empleadores para evadir esta responsabilidad son muchas, como darles pases a servicios médicos en el mejor de los casos, sin que el trabador esté adscrito al instituto”, explicó Gisela Espinosa, profesora e investigadora de la UAM Xochimilco.
Estiman que suman 2.5 millones de trabajadores; sin embargo, ya que viajan con sus familias, se calcula que la población suma casi los 6 millones de personas, indican datos del Inegi.
Más de la mitad de los jornaleros sale de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, y una cuarta parte (24%) habla lengua indígena.
El gobierno puso en marcha guías y mecanismos de seguridad y salud para el sector agrícola y la población jornalera en medio de la crisis sanitaria, pero han sido insuficientes.
Muchas de las rutas que siguen los jornaleros no están identificadas debido a que se mueven por su cuenta y eso limita cualquier seguimiento, guías de vigilancia y apoyo de salud, sobre todo cuando las zonas agrícolas están alejadas de centros urbanos, afirmó Isabel Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA).
Explicó que muchos productores agrícolas de mediana escala, que son los principales reclutadores de jornaleros, no les ofrecen transporte ni vivienda, entonces las familias se organizan y alquilan casas donde conviven en condiciones de hacinamiento y carencia de servicios básicos, como abasto de agua.
Además de que la agricultura fue una de las actividades esenciales que no dejaron de operar ante la pandemia, los jornaleros no tuvieron la opción de quedarse en casa, o migraban o no tenían ingresos para vivir.
El jornalero no tiene salario mínimo, ese ha sido el vacío histórico que arrastran, trabajan a destajo y su ingreso está sujeto a la productividad, explicó Margarita Nemecio.
Su salario va de 150 pesos a 200 pesos diarios en promedio, una remuneración debajo del salario mínimo. Si ellos quieren percibir esos 200 pesos tienen que hacer un esfuerzo extra, lo que se traduce en una sobreexplotación, dijo la especialista.
La situación de la mujer jornalera es más complicada por su doble labor de trabajadora y encargadas del bienestar de la familia, agregó Gisela Espinosa.
En su opinión, la solución para los trabajadores requiere la coordinación entre distintas secretarías, como la del Trabajo, Salud, Educación Pública, así como del sector empresarial, que no puede mantenerse indiferente ante esta situación de vulnerailidad de los derechos laborales y humanos, que no es nueva.
Una acción importante es la articulación interinstitucional de los tres niveles de gobierno para que las acciones no resuelvan sólo en lo inmediato, sino que tengan un seguimiento, destacó Margarita Nemecio.
“No se puede hablar de un trabajo digno si las condiciones estructurales de empleo no mejoran, más ahora que la pandemia ha agudizado la precarización laboral en el sector”, agregó.
