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El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) informó que de 2012 a 2018, el ejercicio de la libre manifestación y protesta social retrocedió de manera considerable, pues fue objeto de constante represión y criminalización, así como del uso arbitrario de la fuerza pública.
El contexto sitúa al estado de Oaxaca entre las 15 entidades donde se registraron casos graves de violaciones a derechos humanos en contextos de protestas y manifestaciones sociales.
En la entidad, en promedio, se dio un acto represivo a la semana entre julio de 2015 y noviembre de 2018. Entre los casos más importantes se mencionan las marchas por la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, y el enfrentamiento de manifestantes contra la policía que tuvo lugar en Nochixtlán en 2016.
En un informe presentado por el organismo se precisa que, a nivel nacional, el sexenio que encabezó Enrique Peña Nieto reflejó una clara represión, en la que permearon las detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias, el uso excesivo de la fuerza pública, la tortura, el uso arbitrario del sistema penal, amenazas e intimidación.
La agresión por parte de las fuerzas de seguridad dejó un saldo de ocho muertos, siete desaparecidos, 24 personas detenidas y torturadas y por lo menos 137 personas heridas, de las cuales 33 eran menores de edad. Las heridas incluían armas de fuego, balas de goma, quemaduras, rozaduras, golpes, fracturas e intoxicaciones.
La situación reportada es aún más grave, pues de 2012 a 2018, en 15 estados aprobaron legislaciones para castigar las manifestaciones públicas. La ley que fue aprobada, en el caso de Oaxaca, es la Ley de Tránsito y Movilidad. Algunas de las restricciones que contempla son la obligación de dar aviso antes de una manifestación, sin considerar manifestaciones espontáneas; la restricción de vialidades o espacios públicos para manifestarse, así como horarios.
El FLEPS indica que es necesario un cambio de enfoque, donde prevalezca el pleno ejercicio de los derechos humanos y la seguridad.
