Sigue impune masacre en Santo Domingo Ixcatlán, a 11 años
Exigen a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia culminar procesos y aplicar verdadera justicia
A 11 años de la masacre de tres campesinos en Santo Domingo Ixcatlán, uno de los cuales fue descarnado y otro incinerado, persiste la impunidad en los asesinatos, denunció José Castañeda Martínez, representante de los Beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 30 de abril del 2008, en pleno centro de la población de la región Mixteca, fueron ultimados el secretario de Bienes Comunales Melesio Martínez Robles y los comuneros Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé.
El primero fue descarnado de la cintura para abajo, el segundo quemado vivo en el interior de su automóvil y el tercero de un balazo en la cabeza.
Por tales hechos se inició el expediente penal 24/2008, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, informó el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).
Indicó que el mismo expediente se libraron 16 órdenes de aprehensión en contra de Freddy Eucario Morales Arias, Artemio Jiménez Martínez, Longino Ramírez, Héctor García Martínez, Oscar Castro García, Antonio Sánchez Cruz, Jorge García Castro, Delfino Jiménez Bernabé, Adrián Castro Hernández, José Alexis García García, Norberto García Maldonado, Saúl García Martínez, Bulmaro García García, Erick Jiménez García, Héctor Jiménez García y Gloria García Martínez, y hasta el momento solo se han ejecutado ocho.
“El responsable del triple homicidio es Freddy Eucario Morales Arias y su grupo de paramilitares. Existen testigos presenciales de los hechos y que lo señalan como responsable directo”, expuso en un comunicado.
Indicó que por esos hechos, el 19 de mayo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 60 personas familiares, amigos y testigos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé (MC-113-08 México).
El 6 de agosto del 2008 la CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a favor de 117 personas más, donde le solicita al Estado mexicano:
Que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 177 personas; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y peticionarios; que informe sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares y remover los factores de riesgo.
Expuso que el hecho tiene su origen en la ambición de la familia Morales Arias, “que pugna por la venta de las tierras que ancestralmente le pertenece a los ixcatecos. Esto en colusión con funcionarios estatales y federales, que sin previa consulta a la comunidad indígena pretenden ceder mil 356 hectáreas a la comunidad de Chalcatongo de Hidalgo a cambio de varios millones de pesos”, refirió.
Por ello, el beneficiario de la Medica Cautelar, con el acompañamiento del Cedhapi, exigió a la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia “les brinden verdadera justicia, sentenciando a los procesados y ejecutando las ordenes de aprehensión. Solo así se podrá restablecer la paz social en esta comunidad marginada”.
