Indagan a 3 exservidores por fraude de la UAEM

Gerardo Cajiga Estrada, extitular de la Secretaría de Finanzas  durante el gobierno de Gabino Cué,  y dos exfuncionarios más enfrentan una denuncia  por el fraude que cometió la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) al gobierno de Oaxaca en la compra de un software.

Los otros exservidores públicos imputados en este caso son Alberto Cortés Aguilar, exjefe de la Unidad Administrativa, y  Alejandro Pérez Nava, extitular la Unidad de Informática de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Los tres están acusados de abuso de autoridad y demás delitos que se configuren, según la denuncia interpuesta por la Sefin en diciembre de 2017 ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

En 2011, el  gobierno de Oaxaca fue defraudado por la Universidad Autónoma del Estado de México, a la que se contrató para la creación de un software que nunca fue entregado y que costó 56.3 millones de pesos.

El 13 de julio de ese año  el exsecretario de Finanzas de Oaxaca, Gerardo Cajiga Estrada, suscribió un contrato con la UAEM para el diseño e implementación de un sistema de información  para dicha dependencia, el cual nunca se completó. 

Por ello, el gobierno de Oaxaca interpuso una demanda contra la UAEM por incumplimiento de contrato, la cual resultó a su favor y se condenó a la universidad a la devolución del dinero más los intereses generados, que  ascienden a 88.8 millones de pesos.

Irregularidades. Según la denuncia contra los exfuncionarios de Oaxaca, el contrato con la UAEM desapareció de la Secretaría de Finanzas del estado y pudo ser localizado hasta el 25 de septiembre de 2017 en la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, donde existe el expediente 243/IQD-A/2017 en contra de la  universidad, por responsabilidad de proveedores.

En la revisión del contrato se encontraron  irregularidades   como que   la contratación se asignó por  adjudicación directa de manera indebida, pues el monto máximo para asignar un contrato en esta modalidad  es de31 mil pesos, de lo contraro debe  pasar por el comité o subcomité para adquirir bienes o servicios.

Es decir, por el monto del contrato la dependencia no podía adquirir este servicio por adjudicación directa, aun  cuando se aplicara una excepción, pues ésta  debió ser autorizada.

Otras de las irregularidades es que el contrato debió ser firmado por el titular de la dependencia, en este caso  Cajiga Estrada; pero sin ninguna justificación los firmantes fueron Cortés Aguilar y Pérez Nava.

“Debido a las inconsistencias, omisiones y falta de documentación, se desprende que no se encuentra debidamente integrado [el contrato]”, dice  la denuncia.
Actualmente, Cajiga Estrada también enfrenta en libertad un proceso penal por peculado, por el presunto desvío de 100 millones de pesos a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).