Rechazan Sección 22 y organismos civiles Ley de Seguridad Interior
Aseguran que es un retroceso en los avances logrados en materia de derechos humanos
La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y organismos de la sociedad civil en Oaxaca rechazaron la Ley de Seguridad Interior aprobada ayer en la Cámara de Diputados federal y afirmaron que se trata de un retroceso en materia de derechos humanos.
La nueva legislación valida y otorga garantías a las fuerzas armadas --Secretaría de la Defensa Nacional y Marina-- para que efectúen tareas de seguridad pública, las cuales ya realizaba desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero para las cuales no estaban facultados, pues era una labor que sólo competía a corporaciones civiles: las de seguridad pública municipal, estatal y federal.
El gremio magisterial opinó que la ley violenta las garantías individuales y de derechos humanos “al permitir el establecimiento de batallones en 12 regiones militares, normalizando la presencia e intervención militar en el país, dando luz verde a la represión”.
Además, sostuvo en un comunicado, que representa un peligro para la democracia y las libertades civiles en México.
En tanto, la organización de la sociedad civil Código DH calificó la nueva legislación como un retroceso para los avances alcanzados en materia de derechos humanos de 2011, particularmente en el párrafo tercero del artículo uno de la Constitución en la que se establece la obligación de garantizar los derechos humanos.
“Diversos análisis han señalado que dicha ley perpetua un modelo de seguridad pública donde las fuerzas armadas cumplen tareas policíacas, y en la que tampoco prevé verdaderos controles que permitan el respeto de los Derechos Humanos. Esto ya lo hemos visto ante la falta de protocolos de actuación, el uso excesivo de la fuerza y su intervención en protestas sociales, la cual se legalizaría con la nueva ley”.
Código DH agregó además, que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional ya que el Congreso federal no está facultado para legislar en el tema, según se establece en el artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, advirtió que con su aprobación, se generaría mayor violencia: “así sucedió a partir de 2007 cuando las fuerzas armadas fueron usadas en la guerra contra el narcotráfico, con un saldo de más de 30 mil personas desaparecidas, por las mismas fuerzas armadas”.
La ley aprobada por los diputados federales fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión.
“Hacemos un llamado al Senado de la República para que revisen las graves contradicciones de la ley que van a aprobar con el texto del Artículo 1o y los artículos relacionados con la seguridad nacional de la propia Constitución”, finalizó.
