El 15% de los delitos contra migrantes se comete en Oaxaca

De acuerdo con el informe “El Estado indolente: recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México 2017”, Oaxaca es la tercera entidad del país que reporta mayores delitos contra las personas migrantes con alrededor del 15 por ciento, por debajo de Chiapas y Veracruz.

El sacerdote Armando González González, miembro de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) aseguró hoy que la política migratoria de México no sólo es “indolente”, sino también criminal y altamente violatoria de los derechos humanos de las personas migrantes de países de Centroamérica.

Durante la presentación del quinto informe “El Estado indolente: recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México 2017”, afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por su gran indiferencia e incapacidad para dolerse del que “sufre y llega como víctima a tocar las puertas de su territorio”, e incluso, este gobierno es responsable de causarles más dolor y sufrimiento.

Según el análisis desprendido de los datos recabados en 23 Centros de Orientación al Migrante en diversas entidades del norte, centro y sur del país, la política migratoria en México y Estados Unidos discrimina y criminaliza a las personas con ciertos perfiles: ya sea por procedencia de país, por condiciones de pobreza, niveles educativos bajos, características sociales de rechazo y demográficas de alto riesgo.

Además, no da certeza a las personas migrantes y solicitantes de refugio, deportándolas de forma exprés, mientras que a aquellas que logran acceder al procedimiento para el estatus de refugio, se les aplica la estrategia de mantenerlas en la ambigüedad, la tardanza y la discrecionalidad en la aplicación de la ley.

A esto se suman otras dos estrategias del gobierno mexicano, la violencia y el miedo como mecanismos disuasorios contra las personas migrantes y refugiadas.

Los datos que refleja el informe es que en 2017, fueron atendidos más de 28 mil migrantes en alguno de los 23 centros de orientación; de las cuales, más de 26 mil son hombres. La mayoría de ellos proviene de Honduras, el 69 por ciento, seguido de El Salvador con un 10 por ciento; poco a poco, empiezan a haber migrantes de Nicaragua, que probablemente aumente en los próximos meses por los actos de represión que se viven en ese país.

La edad de los migrantes oscilan entre los 19 y los 30 años, jóvenes que están huyendo de sus países por la violencia y sus difíciles condiciones económicas; advierte que el 46 por ciento de niños y adolescentes no viajan acompañados por un familiar adulto pero que la cifra se dispara a un 76% cuando se trata solamente de niñas.

Aunque gran parte de ellos huyen de la violencia en sus países, el 85.74 por ciento fue víctima de un delito en México y el 14.26% fueron testigos de la comisión de un delito. Oaxaca, es la tercera entidad del país que reporta mayores delitos contra las personas migrantes con alrededor del 15 por ciento, por debajo de Chiapas y Veracruz.

En el 2017 los principales delitos que se cometieron contra las personas migrantes fueron el robo, las lesiones, extorsión, secuestro y abuso de autoridad, con porcentajes de 76.06%, 5.14%, 5.04%, 3.82% y 2.90%, respectivamente, entre otros delitos.

Los principales perpetradores de delitos fueron particulares con un 75% y la autoridad con un 25%. En otros años, como 2014, el crimen organizado era responsable del 54.27% de los delitos; posteriormente en 2015 bajó a 45.72% y en 2016 a 11.49%, perpetrador que no figura en el informe de 2017.

“Los actores perpetradores de delitos se han ido especializando por el género de las personas o por tipos de grupos. Por lo tanto, la actuación de las policías se especializa por negocio y no para proteger o cuidar a las migrantes, refugiadas y a sus familias”, apuntó el clérigo.

Para el sacerdote no hay acciones aisladas, sino acciones integradas a ciertos procesos de actuación de las policías y funcionarios, es decir, que los retenes y redadas están conectadas a detenciones y estas a extorsiones: “si pagas te suelto y vuelves a comenzar el que no te atrapen, si no pagas la extorsión, se detona otro proceso, de una nueva detención acompañada de violencia, encarcelamiento, violaciones a derechos humanos y deportación.

Llama la atención en el informe, por ser algo nuevo, que el porcentaje de personas migrantes que su destino era México y no los Estados Unidos aumentó en un 100%, al pasar de 14 a 28 por ciento. El 55 por ciento, dijo que su destino era Estados Unidos y un 28% que era México.

Esto probablemente, explicó el sacerdote Armando González, es porque el Instituto Nacional de Migración (INM) ha dado la facilidad de que los migrantes interpongan una denuncia cuando son víctimas de algún delito y a cambio se realiza un trámite de regularización para que puedan permanecer en el país como en una “estancia humanitaria”.

“La política migratoria mexicana está coloreada de un aparente bien, interpretado con todo un lenguaje legitimador de sus actuaciones en el que la detención o aprehensión se le llama rescate y aseguramiento; al centro de detención que es una cárcel se le denomina estación migratoria y a las deportaciones se les llama repatriaciones o retorno asistido”, acusó.

Mientras que hay una estrategia de blindar y militarizar no sólo las fronteras, sino el país entero. Armando González sostuvo que la política migratoria en México es la misma que aplican los Estados Unidos, que consiste en la persecución, violación a derechos humanos, detenciones, encarcelamientos, separación de familias y deportaciones de miles de personas.

Finalmente, denunció que el gobierno de Peña Nieto termina con un saldo negativo no sólo con sus propios conciudadanos, sino también con las personas migrantes y refugiadas que llegan o pasan por el país.