Sin rastro... Desde 2018, la defensoría indaga 117 desapariciones

El 6 de julio, unos días antes de la celebración de la Guelaguetza,  Mónica, José Luis y Everardo desaparecieron  mientras recorrían San Felipe Güilá, comunidad del distrito de Tlacolula, en la llamada Ruta Caminos del Mezcal en los Valles Centrales.

Hasta ahora no hay datos sobre su paradero y   forman parte de los 117  que contabiliza  la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), tan sólo de 2018 a octubre de 2019. De esas 117 personas que  han desaparecido en el estado, 29 son mujeres y 88 hombres.  

 En estos  últimos dos años, la DDHPO ha  abierto 104 cuadernos de antecedentes, 18 expedientes por desaparición y seis más por  desaparición forzada; en todos se indagan posibles violaciones  a los derechos humanos.

88 hombres forman parte de las 117 personas desaparecidas en Oaxaca.

De estos casos, la mayoría se relaciona con la  criminalidad, pero hay otros que surgen de  conflictos agrarios  y  algunos más  por acción de  autoridades. De ellos ninguno ha sido resuelto por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por lo que engrosan las cifras de  la impunidad, la cual poco a poco se ha normalizado.  

Para el coordinador general de Defensorías Especializadas y Regionales de la DDHPO, Fernando Francisco Coronado, que la impunidad prevalesca en casos de desaparición de personas se debe a que  las instancias de procuración de justicia, no sólo de Oaxaca sino de todo el país, no indagan en realidad este delito.

El motivo, explica, es porque en México no se investiga la macrocriminalidad,  que incluye delitos como la desaparición.  

“Las instancias de procuración de justicia de todo el mundo estaban preparadas para investigar lo que se llama  delincuencia común grave, por ejemplo, homicidios, violaciones, pero poco a poco se fue desarrollando la teoría para la investigación de conductas graves en el contexto de macrocriminalidad, ya sea de grupos criminales o del Estado; eso todavía no lo hace México,  no investiga penalmente macrocriminalidad”, detalla.

Además,  refiere que las instituciones en el país han sido rebasadas: “Tenemos una construcción como sociedad en el sentido de que nuestras instituciones tienen la fuerza para enfrentar la criminalidad y no nos gustaría que nos dijeran lo contrario, pero una posible explicación es que en realidad  no la tienen;  eso no lo van a decir porque  implica un problema de seguridad nacional decir algo así”, abunda.

”Interéses políticos invaden seguridad”

Al hasta hace poco apasible Pueblo Mágico de Huautla de Jiménez, la violencia le cambio el rostro. Sólo en este municipio se acumulan 12 casos de desaparición, a los que se suman otros cuatro, para dar un total de 16 en la región Cañada.

EL UNIVERSAL publicó el 29 de octubre que según  la fiscalía, dicha región se convirtió en una nueva ruta para el tráfico de personas y drogas,  a   ello se debe el aumento de la criminalidad en la sierra Mazateca, lo  que ha abierto  100 investigación.  

La dependencia, que  contabiliza 110 personas desaparecidas, pero desde 2017,  asegura que ha emprendido acciones como   búsquedas de entierros  en la región y cateos relacionados con los casos,  los cuales llevaron a    la detención de Arturo García, edil de Jalapa de Díaz, quien finalmente salió libre y acusó ser “preso político”.

Precisamente, ese es     otro de los factores  para entender el porqué la dilación de las investigaciones: los  intereses políticos.

Para Fernando Francisco Coronado, de la DDHPO, las instituciones  tienen que “aprender a hacer la investigación” de la macro criminalidad para  resolver los casos, para lo que cuentan  con gente capacitada, aunque  se trata de un  problema institucional y  político: “Es un tema de  decisión política del Estado. Todos dicen que es  un asunto  de seguridad, sí, pero  basado por decisiones de carácter político”, explica.

A ello se suman, dicen, complicaciones entre  fiscalías locales  y  la de la República, pues  hay  casos que   deberían ser asumidos por la instancia  federal, como lo establece la ley,  y en la práctica esto no  sucede.