"Toda la administración de Cué, en escrutinio”

La Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca tiene identificado un  “patrón sistémico” de corrupción en el sexenio de Gabino Cué, el cual era utilizado para la malversación de recursos públicos; en dicho patrón están implicados servidores públicos y la investigación  apunta al  ex mandatario, reveló a EL UNIVERSAL el fiscal Jorge Emilio Iruegas Álvarez.

El pasado viernes, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, dio a conocer que se investigan dos mil 693 casos de probables hechos de corrupción en la entidad. Durante su comparecencia, ante los diputados  del Congreso del Estado, precisó que en la Fiscalía Anticorrupción  se encuentran en trámite  mil 595 averiguaciones previas, así como mil 98 carpetas de investigación.

De ese total, 2 mil 348 son por abuso de autoridad, 64 por peculado, 31 por extorsión, 15 por enriquecimiento ilícito, 85 por ejercicio indebido de funciones, 93 por desobediencia a un mandato legítimo y 57 por amenazas.

Además, de eso casos, en la Visitaduría General de la Fiscalía se iniciaron 308 procedimientos administrativos: 137  contra ministerios públicos, 86 contra agentes estatales de investigación, 25 contra peritos y 59 contra otros funcionarios. También  se han impuesto sanciones a 39 funcionarios públicos: seis ministerios públicos, 11 peritos y 22 agentes de investigación.

Modus operandi

Es en ese contexto, en el que Iruegas Álvarez afirma en entrevista que se realiza una investigación sin distinción. “Nosotros comprobamos que un ex gobernador, un ex operador de un gobernador o cualquier ex funcionario desvió recursos, los estaremos investigando”, asegura. A ello agrega que     del gobierno de  Gabino  Cué  “toda la administración está en escrutinio”.

Las afirmaciones del fiscal tienen como fundamento la detección de un  modus operandi, el cual se repite en las diversas investigaciones y mediante el cual, en la administración pasada, se desviaron recursos destinados a obra pública.

Dicho patrón inicia  con  la modificación de leyes para permitir que dependencias a cargo de servidores públicos, afines al titular del Ejecutivo estatal, tuvieran acceso a dinero etiquetado para la ejecución de obras públicas. “No ejecutaba quien tenía que ejecutar y pasaban por otra persona afín al grupo en el poder y, obviamente, en las investigaciones de la fiscalía se encontraron obras pagadas, pero que nunca fueron ejecutadas;  compra de artículos de mala calidad, contratos sin que se recibiera el producto y movimiento de dinero entre distintas secretarías que violentan la normatividad”, explica el fiscal. Pero ni si quiera  la identificación de dicho “patrón de corrupción” ha facilitado los trabajos de investigación, pues el fiscal señala que los funcionarios involucrados aseguran que al violentar la ley sólo son acredores a sanciones administrativas. 

“Pero ellos violaron la ley para que, de manera fast track, pasara a distintas secretarías y eso incide en que no se pueda supervisar el correcto ejercicio de esos dineros”, explica.

Tras ex funcionarios de Ulises Ruiz

El arranque de la Fiscalía Anticorrupción fue vertiginoso. En seis meses, siete funcionarios de la administración pasada se encuentran presos o vinculados a proceso, y de ellos cuatro eran de primer nivel: los ex secretarios de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas; el ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, y el ex secretario de Vialidad y Transporte, Carlos  Moreno Alcántara.

De acuerdo con el fiscal, es probable que antes de finalizar el año se ejecute otra aprehensión importante. Además, están pendientes de ejecutar órdenes de arresto contra funcionarios involucrados en el “crédito puente” de 100 millones de pesos, el mismo que tiene bajo proceso a los secretarios de Finanzas y de Salud.

Además, asegura el fiscal, indagatorias no sólo abarcan el sexenio de Gabino Cué, también se investiga a la del ex mandatario Ulises Ruiz. La Fiscalía, señala Iruegas, aún cuenta con tiempo para actuar contra ex funcionarios de ambas administraciones, antes que prescriban los delitos.

Pero, pese a las aprehensiones, Iruegas Álvarez acepta  que no se ha concretado  la recuperación de los recursos públicos que fueron malversados. La razón, dice, es que la Ley de Extinción de Dominio del estado que no contempla delitos cometidos por servidores públicos, al estar basada en la Constitución, solamente abarca el secuestro, la trata de personas, robo de vehículos, asociación delictuosa y narcomenudeo.

Actualmente, agrega, se trabaja con los legisladores locales para reformar la ley con el fin de  incluir delitos como el abuso de autoridad, peculado y el enriquecimiento ilícito. “Eso nos permitiría ya empezar a generar las acciones de extinción de dominio y de forma paralela, independiente si llegamos a juicio, a condena, empezar a recuperar el dinero”, señaló.

Mientras tanto, el fiscal afirma que se han llevado a cabo embargos precautorios y cancelaciones de cuentas para que se inmovilice el patrimonio de las personas imputadas, al mismo tiempo que se está haciendo uso de la figura de acuerdos “reparatorios” que abonen a resarcir las lastimadas finanzas del estado.