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De ese total, 2 mil 348 son por abuso de autoridad, 64 por peculado, 31 por extorsión, 15 por enriquecimiento ilícito, 85 por ejercicio indebido de funciones, 93 por desobediencia a un mandato legítimo y 57 por amenazas.
Además, de eso casos, en la Visitaduría General de la Fiscalía se iniciaron 308 procedimientos administrativos: 137 contra ministerios públicos, 86 contra agentes estatales de investigación, 25 contra peritos y 59 contra otros funcionarios. También se han impuesto sanciones a 39 funcionarios públicos: seis ministerios públicos, 11 peritos y 22 agentes de investigación.
Es en ese contexto, en el que Iruegas Álvarez afirma en entrevista que se realiza una investigación sin distinción. “Nosotros comprobamos que un ex gobernador, un ex operador de un gobernador o cualquier ex funcionario desvió recursos, los estaremos investigando”, asegura. A ello agrega que del gobierno de Gabino Cué “toda la administración está en escrutinio”.
Las afirmaciones del fiscal tienen como fundamento la detección de un modus operandi, el cual se repite en las diversas investigaciones y mediante el cual, en la administración pasada, se desviaron recursos destinados a obra pública.
Dicho patrón inicia con la modificación de leyes para permitir que dependencias a cargo de servidores públicos, afines al titular del Ejecutivo estatal, tuvieran acceso a dinero etiquetado para la ejecución de obras públicas. “No ejecutaba quien tenía que ejecutar y pasaban por otra persona afín al grupo en el poder y, obviamente, en las investigaciones de la fiscalía se encontraron obras pagadas, pero que nunca fueron ejecutadas; compra de artículos de mala calidad, contratos sin que se recibiera el producto y movimiento de dinero entre distintas secretarías que violentan la normatividad”, explica el fiscal. Pero ni si quiera la identificación de dicho “patrón de corrupción” ha facilitado los trabajos de investigación, pues el fiscal señala que los funcionarios involucrados aseguran que al violentar la ley sólo son acredores a sanciones administrativas.
“Pero ellos violaron la ley para que, de manera fast track, pasara a distintas secretarías y eso incide en que no se pueda supervisar el correcto ejercicio de esos dineros”, explica.
De acuerdo con el fiscal, es probable que antes de finalizar el año se ejecute otra aprehensión importante. Además, están pendientes de ejecutar órdenes de arresto contra funcionarios involucrados en el “crédito puente” de 100 millones de pesos, el mismo que tiene bajo proceso a los secretarios de Finanzas y de Salud.
Pero, pese a las aprehensiones, Iruegas Álvarez acepta que no se ha concretado la recuperación de los recursos públicos que fueron malversados. La razón, dice, es que la Ley de Extinción de Dominio del estado que no contempla delitos cometidos por servidores públicos, al estar basada en la Constitución, solamente abarca el secuestro, la trata de personas, robo de vehículos, asociación delictuosa y narcomenudeo.
Actualmente, agrega, se trabaja con los legisladores locales para reformar la ley con el fin de incluir delitos como el abuso de autoridad, peculado y el enriquecimiento ilícito. “Eso nos permitiría ya empezar a generar las acciones de extinción de dominio y de forma paralela, independiente si llegamos a juicio, a condena, empezar a recuperar el dinero”, señaló.
Mientras tanto, el fiscal afirma que se han llevado a cabo embargos precautorios y cancelaciones de cuentas para que se inmovilice el patrimonio de las personas imputadas, al mismo tiempo que se está haciendo uso de la figura de acuerdos “reparatorios” que abonen a resarcir las lastimadas finanzas del estado.
