Tras diferencias entre los legisladores el pasado miércoles 27 de marzo, que provocó la suspensión de la sesión ordinaria, las fracciones del PRI y Morena llegaron finalmente a un consenso y ayer, en asamblea extraordinaria, avalaron el dictamen de la Comisión de Hacienda.
Lo anterior, refiere el dictamen, para que los ayuntamientos puedan disponer de “dinero por adelantado y llevar a cabo obras de infraestructura en beneficio de zonas marginadas y en extrema pobreza.
“Se traducirá en que puedan ejecutar y planear obras de mayor impacto, beneficiando así de manera más sólida, visible y eficiente a sus respectivas poblaciones, destinándose los recursos que se obtengan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en rezago social y pobreza social”, de acuerdo con el documento firmado por los diputados Lilia Arcelia Mendoza (PRI), Rocío Machuca Rojas (Morena), Gloria Sánchez López (Morena), Fredie Delfín Avendaño (Morena) y Arsenio Lorenzo Mejía García (PES).
Asimismo agrega que los proyectos deberán estar relacionados con agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, así como infraestructura básica del sector salud y educativo.
Por ejemplo, Huajuapan de León podría contratar un crédito de hasta 42 millones 960 mil, 420 pesos; Tlaxiaco, de 41 millones 823 mil 453 pesos; Loma Bonita, de 34 millones 567 mil pesos, y Miahuatlán, de 41 millones 783 mil 362 pesos.
Oaxaca de Juárez podría adquirir un financiamiento por 95 millones 291 mil 910 pesos; Putla de Guerrero, por 37 millones de pesos; San Felipe Usila, por 25 millones; Tuxtepec, por 116 millones 957 mil pesos; Santa Cruz Xoxocotlán, por 45 millones 548 mil pesos; Santa Lucía del Camino, por 12 millones 788 mil 136 pesos, y Santa María Huatulco con 27 millones 171 mil pesos.
Además, otras de las condiciones es que la totalidad de los financiamientos sean saldados antes de que termine el actual trienio; es decir, el 31 de diciembre de 2021.
Se estable, asimismo, que los ayuntamientos estarán en la libertad de solicitar los créditos financieros, siempre y cuando obtengan el aval de su Cabildo y se añadan a un fideicomiso que será administrado por la Secretaría de Finanzas.