Asesinan a cinco activistas oaxaqueños en 2019

Con el asesinato del locutor de una radio comunitaria, Telésforo Santiago Hernández, suman cinco los activistas y defensores de derechos humanos miembros de organizaciones sociales ultimados en Oaxaca en un periodo de cuatro meses de 2019.
Además, con el homicidio del también profesor de la Sección 22, que ocurrió el pasado jueves en San Agustín Loxicha, la cifra de activistas asesinados en el estado asciende a 14 entre 2018 y lo que va de 2019. Cinco de las víctimas eran miembros de la organización Comité en Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi).
Yésica Sánchez Maya, dirigente de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, asegura que con base en registros ciudadanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Oaxaca se encuentra desde  2010 entre los tres estados con mayores niveles de ataques contra personas defensoras y en primer lugar, contra mujeres de este sector.
“El incremento de ataques es otra de las consecuencias más dramáticas de la represión política contra las personas, pueblos y comunidades organizados en el estado”, dijo.
Lista negra. El primer activista asesinado durante 2019 fue Bernardino García Hernández, habitante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y defensor mixteco de la tierra y el territorio. De acuerdo con el dirigente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Rubén Benítez, su homicidio probablemente está relacionado con la disputa de tierras con la comunidad de San Sebastián Nopalera.
Dos días después —el pasado 23 de enero— mataron a Gustavo Cruz Mendoza en la comunidad de Cerro Caliente, en el municipio de Santiago Jocotepec. Era integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM).  
En la misma comunidad chinanteca, el dirigente de la Unión Campesina e Indígena Nacional (UCIN),  Carlos Mendoza Ramos, fue secuestrado la noche del domingo 20 de enero, y a la fecha continúa en calidad de desaparecido.
Mientras que el pasado 9 de febrero fue asesinado en su casa el activista muxe Óscar Cazorla, de 62 años, quien fue de las primeras personas en defender los derechos de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGTB) en el Istmo de Tehuantepec y fundador de la vela de “Las auténticas intrépidas buscadoras del peligro”.
El pasado 11 de abril de 2019, Luis Armando Fuentes, activista y miembro de la organización Sol Rojo, fue emboscado y asesinado en San Francisco Ixhuatán.
 El pasado 2 de mayo, Telésforo Santiago Hernández, profesor indígena y activista en una radio comunitaria, fue acribillado a balazos en el municipio de San Agustín Loxicha, en la región Sierra Sur del estado. De acuerdo con informes preliminares de corporaciones de seguridad pública, el docente de educación indígena, que dirigía una estación de radio comunitaria denominada Estéreo Cafetal en la frecuencia 98.7 de FM, fue emboscado en el barrio Ampliación Tres Cruces.
Sánchez Maya sostiene que en Oaxaca no existen garantías para ejercer la labor de defensa de derechos humanos: “El exilio forzado ha sido en este sentido una de las más graves consecuencias que han tenido que enfrentar defensores oaxaqueños, como es el caso de Juan Sosa Maldonado, defensor indígena exiliado desde  2013 tras sufrir un atentado contra su vida”.
Destaca que es urgente que el nuevo gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador instale mesas de trabajo para alcanzar justicia ante las graves violaciones de los defensores “criminalizados”.