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La reforma al nuevo sistema de justicia penal entró en vigor en el año 2008, pero aceptó que hubo “retrasos” en la creación de algunas leyes para consolidarlo como las referentes a procedimientos alternativos para la solución de conflictos penales.
También reconoció que muchos presuntos delincuentes o personas que cometen ilícitos quedan en libertad porque siguen sin estar firmes las unidades de medidas cautelares, responsables de informar a los ministerios públicos, fiscalías y jueces, la viabilidad o no de dejar en libertad a un persona, según el riesgo que se corra, aun cuando el delito no esté dentro del catálogo de aquellos que merecen prisión preventiva.
Hasta ahora, dijo, hay una propuesta de aumentar el catálogo de delitos en los que sea obligatoria la prisión preventiva como en casos de portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y el robo de combustibles.
Esto, sin embargo, afirmó que sólo es una solución a corto plazo. “La solución es consolidar las unidades de medidas cautelares”, sostuvo.
Según el funcionario, el estancamiento se debió a falta de “voluntad política” de otros gobiernos, no del actual.
