Piden mujeres afro de Oaxaca reconocimiento constitucional ante la CIDH
La comunidad negra aún no está reconocida en la Constitución Mexicana
Integrantes de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca (AMCO) presentaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) una petición formal para obtener reconocimiento constitucional pleno como etnia afrodescendiente.
El organismo internacional celebra hoy su primera audiencia para México sobre “Los derechos de las personas afromexicanas y afrodescendientes en México”, para lo cual la presidenta de AMCO, Rosa María Castro Salina, lleva la voz de las oaxaqueñas.
La actividad se lleva a cabo en Denver, Colorado, y en esta audiencia está como peticionaria la activista oaxaqueña, en representación de las organizaciones “México Negro A.C.”, “Colectiva Ña' a Tunda A.C.” y “AMCO A.C.”.
Para Rosa María Castro, los “negros”, “afrodecendientes”, “afromexicanos”, como se les denomina y se autonombra esta comunidad de la Costa Chica de Oaxaca, forman parte de las estadísticas federales desde el 2015, tienen reconocimiento en la Constitución del Estado de Oaxaca con la reforma del Artículo 16 desde el 2013, resultado de una larga lucha, pero no están reconocidos en la Constitución Mexicana, una gran deuda histórica que se tiene con el pueblo negro.
Además, las mujeres afrodescendientes llevan una lucha más lenta para lograr la igualdad, la inclusión y el reconocimiento, considerando que son cuatro veces discriminadas; por ser mujeres, negras, pobres y analfabetas.
Esta representación es considerada por las organizaciones de mujeres afrodescendientes como un gran logro de la lucha que emprenden desde hace años por el reconocimiento constitucional.
La CIDH es una de las instancias internacionales más importantes a las cuales se puede acudir para exigir el cumplimiento pleno de los derechos humanos.
Es la principal instancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emanado de la Carta de la OEA (1948) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos celebrada en 1969.
Su mandato es “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia”.
