ONU: Estado mexicano violó "derecho a la vida" de estudiante de la UNAM desaparecido en Oaxaca

Exigen a AMLO acatar dictamen. Como medidas de reparación, el gobierno federal tiene que realizar una investigación efectiva y castigar tanto a los responsables del celito, como a cualquier agente estatal que haya entorpecido el proceso, establece la resolución

Tomada de video. Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel, señaló que “la simulación y negligencia de las autoridades” lo obligaron a buscar la justicia fuera de México.
Estatal 05/12/2019 08:18 Fernando Miranda Ciudad de México.- Actualizada 09:17

Tras tres años de espera y lucha, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR por sus siglas en inglés) determinó que el Estado mexicano violó los derechos de Jesús Israel Moreno Pérez, joven estudiante de Geografía desaparecido desde el 8 de julio de 2011, así como los de su familia.

Jesús desapareció mientras visitaba las Lagunas de Chacahua, una reserva natural compuesta por espejos lagunares, manglares y playas, ubicada en el municipio de Villa de Tututepec, en la región Costa.

A principios de 2012, el entonces procurador de Oaxaca, Manuel de Jesús Lopez López, aseguró que se habían detenido a cuatro personas por el presunto asesinato del estudiante, pero el proceso fue ampliamente cuestionado por una serie de inconsistencias.

El 5 de noviembre de 2019, más de ocho años después de la desaparición, el Comité aprobó el dictamen 2760/2016 promovido por la asociación civil IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos desde el 10 de noviembre de 2015, en representación de los familiares del estudiante de la UNAM.

En él se determinó que el Estado incumplió los artículos 6, párrafo 1 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De acuerdo con la organización, este dictamen “sienta un precedente a nivel internacional” ya que, por primera vez, el Comité señala de manera explícita que “la investigación efectiva debe ser considerada como una obligación inherente del derecho a la vida”.

La organización asegura que “en el caso de Jesús Israel, desde el momento en que las autoridades tuvieron conocimiento de su desaparición, omitieron su búsqueda inmediata, basaron la investigación en testimonios contradictorios, alteraron y fabricaron pruebas para desviar la investigación, creando las condiciones que pusieron en riesgo su vida”.

El Comité expresó que el deber de los Estados partes del Pacto de proteger el derecho a la vida exige que deban “no solamente evitar la privación de la vida, sino también investigar y enjuiciar los posibles casos de privación ilegal de la vida, castigar a los responsables y ofrecer una reparación integral”.

Además, el organismo de las Naciones Unidas también acreditó la violación a los derechos de los familiares de Jesús Israel a “no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, debido a que las serias “falencias y obstrucciones en la investigación de la desaparición”, así como el cierre prematuro del caso por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (antes procuraduría), han causado a sus familiares “un gran sufrimiento que se agrega a la perdida de su ser querido, y que la continua incertidumbre resultante de la desaparición les causa angustia, estrés y mutilación de la vida”.

A ello se suman las amenazas que recibió el padre de Jesús Israel por su participación en la investigación.  

A más de ocho años de la desaparición y tras conocer la decisión del comité de las Naciones Unidas, Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel, señaló que “la simulación, omisión, cinismo, incapacidad, negligencia de las autoridades” que ha enfrentado desde hace más de ocho años lo obligaron a buscar la justicia fuera de México a través de la ONU y ayudado por IDHEAS. “Espero que  la ONU marque la diferencia para encontrar a mi hijo Israel y hacer justicia”.

Ante este dictámen, el Estado mexicano tiene la obligación de emprender medidas de reparación como: Llevar una investigación “pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial”, que transparente las circunstancias de la desaparición de Jesús Israel, orientada al establecimiento de la verdad. Además, debe proporcionar a sus familiares “información detallada sobre los resultados de la investigación”.

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Asimismo tiene que “procesar y sancionar a las personas halladas responsables de la desaparición de Jesús Israel” e “investigar y sancionar cualquier intervención de agentes estatales que hayan podido entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda y localización”. Si el joven falleció, el Estado tiene que localizar sus restos y entregarlos a sus familiares en condiciones dignas.

Además, se contempla una indemnización a la familia por las vulneraciones a sus derechos, como parte de la reparación integral, así como “adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro”.

Esta decisión del Comité se suma a la adoptada el pasado 5 de agosto 2019, en donde se señala la responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, cometida por la Policía Intermunicipal de Poza Rica, Veracruz, en 2010.

“Observamos hace unos años que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas era una ventana de oportunidad para abrir el camino de justicia en casos de desaparición forzada. Decidimos presentar tres casos, el de Christian, Jesús Israel y Víctor Manuel Guajardo. La decisión del Comité en el caso de Jesús Israel es muy importante pues declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano y señala los montajes, la fabricación de pruebas y de presuntos responsables mediante tortura y el impacto de la impunidad estructural, lo que convierte estos hechos en tortura por el sufrimiento y el dolor que causan en las familias”, señaló Juan Carlos Gutiérrez, director de IDHEAS.

Indicó que tal y como lo ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno Federal debe honrar sus palabras de dar prioridad a la búsqueda e investigación de las desapariciones. “Hemos insistido en que se debe implementar un mecanismo que dé seguimiento al cumplimiento de las decisiones de los organismos de derechos de la Naciones Unidas, con la participación de víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil”, señaló.

El pasado 30 de agosto de 2019, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Secretaría de Gobernación anunció, a través del subsecretario de Derechos Humanos y migración, Alejandro Encinas, que el Gobierno Federal aceptaría la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas “para recibir y examinar comunicaciones sobre casos individuales de desaparición”, sin que hasta la fecha a más de tres meses, dice la organización, se haya cumplido con dicho compromiso.

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