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González Ilescas explicó que estos recursos públicos se manejan en la opacidad porque son operados sin reglas de operación. A esto se suma una reasignación presupuestal aprobada ayer en el Congreso Federal de 21 mil millones de pesos, de los cuales 8 mil millones de peso serán operados por la Secretaría de Bienestar.
Según el dirigente priista, el gobierno de López Obrador omite “los principios de eficiencia y eficacia, “gastando nuestro dinero de forma opaca, distribuyéndolo en la penumbra de la discrecionalidad. Es por ello que no debemos perder de vista que la falta de transparencia también es corrupción”.
Detalló que los recursos asignados para este 2020 a los programas sociales que no poseen reglas de operación aumentaron en más de 21 mil millones de pesos, y en consecuencia, estos recursos se encuentran fuera de la rendición de cuentas.
Aseguró que serán utilizados de manera discrecional sin la certeza de que “llegará a las familias mexicanas; y en el caso que nos ocupa, a las oaxaqueñas”. En cambio, dijo, el dinero que el gobierno de López Obrador ha designado a los que sí tienen reglas de operación ha disminuido en más de 34 mil millones de pesos.
“Es decir, para este año se gastará más dinero en programas sociales que no tienen pies ni cabeza, sin la seguridad que ayudará a las y los mexicanos. Los subsidios que otorga el gobierno a sectores públicos y privados a nivel estatal y municipal es recurso que tendría que ser transparente en su totalidad”, sostuvo.
Para el 2020, apuntó, más del 63 por ciento de este dinero no se obliga a tener reglas de operación, casi 6% más con respecto al 2019. “De manera que su uso puede ser discrecional sin ninguna lógica, más que la de los intereses propios del gobierno encabezado por el partido del presidente, es decir, para los intereses de Morena”, dijo.
El dirigente estatal del PRI también cuestionó las adjudicaciones del gobierno de López Obrador porque únicamente el 12% ha sido por licitación, mientras que casi el 90 por ciento es por adjudicación directa, “donde las reglas que rigen son las de sus propios intereses y compromisos”.
“Las adquisiciones, servicios y el otorgamiento de los contratos públicos del gobierno deben ser siempre a través de licitaciones (concurso público). Sin embargo, para la 4T y el Gobierno de AMLO esos valores son insignificantes”, finalizó.
