Lo anterior es importante, dice la legisladora, dado que las cámaras empresariales y de comerciantes han “mal informado” a los oaxaqueños, haciéndoles pensar que en la prohibición se incluirán alimentos tradicionales de la cocina oaxaqueña, como el cholate, el tejate o los dulces típicos (panecillos de diferentes variedades), cuando lo que se votó en realidad fue la restricción de venta de alimentos “ultraprocesados”.
Cuando la norma esté lista, la diputada añade que se tendrán que concentrar los trabajos en campañas de sensibilización dirigidas a padres de familia sobre todos los efectos negativos de la comida chatarra para la salud de sus hijos, para que así puedan decidir con información si quieren que los sigan consumiendo o no.
“Apenas estamos empezando. Hay mucho trabajo por hacer como una campaña de sensibilización, también en lenguas indígenas para que la información llegue a cada rincón del estado, como en su momento llegaron estos productos”.
Respecto a las sanciones con las que se vigilara que tanto comercio establecido como ambulantes respeten la prohibición, López Domínguez explica que éstas están contenidas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y van desde apercibimientos, multas económicas que se acrecentan por cada día que persista la violación a la ley, y llegan hasta arrestos de 36 horas y clausura temporal y definitiva para los comercios que insistan en vender pa comida chatarra a los menores de edad.
La adhesión a la ley que fue aprobada ayer por 31 diputados oaxaqueños ha desatado diversas reacciones a nivel nacional, tanto a favor como en contra.
Entre las opiniones contrarias a la medida destacan la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), la Coparmex, y el Consejo Coordinador Empresarial, que advierten que traerá pérdidas económicas considerables.
Mientras que a favor se han pronunciado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el gobierno federal a través del subsecretario Hugo López-Gatell y 73 organizaciones sociales a nivel nacional y estatal.