Crearán lista oficial con productos chatarra prohibidos a niños; no incluirá comida tradicional

Luego de que el Congreso de Oaxaca prohibió con 31 votos a favor la venta directa de alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad, y una vez que el gobernador Alejandro Murat publique la adhesión del Artículo 20 bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la cual tiene un periodo de 15 días hábiles, el siguiente paso será la creación de los lineamientos.

Serán los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), a cargo de Donato Casas Escamilla, los encargados de ejecutar esta medida. Magaly López Domínguez, la diputada impulsora, explica que el primer paso será la creación de una norma oficial que acompañe a la prohibición, en la cual se incluirá la lista de cuáles son los productos que por su alto contenido calórico, de grasas o azúcar entrarán en la restricción para los menores. En ese proceso, los SSO tendrán el acompañamiento de la Comisión de Salud del Congreso oaxaqueño.

Lo anterior es importante, dice la legisladora, dado que las cámaras empresariales y de comerciantes han “mal informado” a los oaxaqueños, haciéndoles pensar que en la prohibición se incluirán alimentos tradicionales de la cocina oaxaqueña, como el chocolate, el tejate o los dulces típicos, cuando lo que se votó en realidad fue la restricción de venta de alimentos “ultraprocesados”.

Cuando la norma esté lista, la diputada añade que se tendrán que concentrar los trabajos en campañas de sensibilización dirigidas a padres de familia sobre todos los efectos negativos de la comida chatarra para la salud de sus hijos, para que así puedan decidir con información si quieren que los sigan consumiendo o no.

“Apenas estamos empezando. Hay mucho trabajo por hacer como una campaña de sensibilización, también en lenguas indígenas para que la información llegue a cada rincón del estado, como en su momento llegaron estos productos”.

La adhesión a la ley que fue aprobada el miércoles por 31 diputados oaxaqueños ha desatado diversas reacciones a nivel nacional, tanto a  favor como en contra.

Entre las opiniones contrarias está la de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), cuyo presidente, Cuauhtémoc Rivera, asegura que esta prohibición puede representar pérdidas del 50% de las ventas diarias a los comercios, equivalentes hasta 100 millones de pesos, un golpe mayúsculo a una economía ya precarizada, por lo que proyecta que en breve se haga la solicitud formal al gobernador Alejandro Murat para que vete la ley y ésta no sea publicada en el diario oficial.

La diputada Magaly López Domínguez explicó a EL UNIVERSAL que efectivamente el gobernador tiene la capacidad de vetar la publicación de la ley, ya sea parcial o totalmente, pero de ser el caso ésta regresa al Congreso, donde los diputados pueden aceptar o rechazar el veto.  Si los legisladores se mantienen firmes en su decisión y no acatan el veto, la ley vuelve al Ejecutivo, quien está obligado a publicar la ley o de lo contrario, entraría en vigor de forma automática.