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De acuerdo con el órgano autónomo, mientras que en 2017 se derivaron sólo el 1.4 por ciento de los asuntos ingresados a esa área de la Fiscalía, en el pasado mes de septiembre se alcanzó el 26%.
Asimismo, en tanto que el año pasado se iniciaron dos mil 268 expedientes, en lo que va del 2018 se han iniciado cinco mil 404, lo que representa un incremento del 138 por ciento en comparación con el año pasado.
De la misma manera, en el transcurso de este año se han celebrado dos mil 309 acuerdos reparatorios y obtenido, a través de los mecanismos alternativos, la reparación del daño a las víctimas por un monto de más de 35 millones de pesos.
Dichos mecanismos son modelos de justicia para atender y resolver delitos menores, en el que los ciudadanos no desean llevar un proceso penal largo, sino que buscan tener una rápida reparación del daño con la mediación de las autoridades para establecer un acuerdo que brinde una solución oportuna y rápida a una situación de carácter penal.
De esa manera se contribuyen a la despresurización de los asuntos de las procuradurías y fiscalías de los estados, para que se pueda dar prioridad a casos de mayor magnitud o relevancia, informó el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, durante la inauguración del encuentro.
En su mensaje, señaló que la procuración de justicia enfrenta diversos retos frente al proceso de transformación del sistema de justicia penal. Al tiempo de eliminar prácticas del pasado y combatir la desconfianza ciudadana, se debe reorganizar las instituciones y establecer nuevos modelos de gestión para dar resultados en materia de combate a la delincuencia y brindar respuestas satisfactorias y razonables a cada tipo de delito, dijo.
En el marco de este esfuerzo se ha desarrollado un modelo de gestión que hoy opera en todo el estado como herramienta básica para que cada servidor público realice su función dentro de la institución de manera práctica, sencilla y eficiente.
“Este modelo de gestión es una respuesta a los problemas que se han presentado en nuestro sistema de procuración de justicia y que seguramente comparten otras fiscalías: prácticas burocráticas, uso irracional de los servicios periciales y de agentes investigadores, exceso de tiempo de espera de los usuarios para ser atendidos, disparidad en la forma de operación en las regiones del estado”, manifestó.
El viernes culminaron los dos días de actividades con acuerdos como la necesidad de que se incluya en el servicio civil de carrera a los facilitadores, además que se deben cuidar los procesos de selección de los facilitadores, contando con un perfil específico para las actividades que van a desarrollar.
De la misma manera, contar con procesos definidos dentro de las instituciones de procuración de justicia permite optimizar los recursos humanos y materiales, ello implica resistencia interna al cambio por parte de ministerios públicos, policías y peritos, de ahí la necesidad de promover la cultura de apertura al cambio dentro de la función pública, esto para ofrecer un mejor servicio a la sociedad.
