Rechaza Congreso de Oaxaca pronunciarse sobre ataque con ácido a María Elena Ríos
Los legisladores oaxaqueños enviaron a comisiones el punto de acuerdo propuesto por César Morales Niño.
Los diputados de la 64 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca rechazaron pronunciarse para condenar el ataque con ácido a la joven María Elena Ríos Ortiz, exigir el esclarecimiento de los hechos y demandar al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa garantizar la integridad tanto física como psicológica de la víctima.
La propuesta fue hecha por el diputado local del Partido del Trabajo (PT), César Morales Niño, para aprobarse de urgente y obvia resolución; pero por mayoría de votos, el Congreso local dominado por una mayoría de legisladores del partido Morena optó por enviar el punto de acuerdo a comisiones “para su análisis y estudio”.
Según el punto de acuerdo, el legislador del PT solicitaba que la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados de Oaxaca condenara “el deleznable ataque a la ciudadana María Elena Ríos Ortiz” y exigiera a las autoridades de procuración y administración de justicia, “con el sigilo y debido proceso judicial, una investigación eficiente e imparcial para llegar hasta las últimas consecuencias, condenando ejemplarmente a los autores materiales e instigadores de dicho crimen”.
También propone que en la petición se exija que el gobierno estatal tome las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de María Elena, de sus familiares y amigos que se encuentran en calidad de víctimas indirectas, brindando la atención integral y especializada sin ningún impedimento.
Finalmente, que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicite protección y el otorgamiento de medidas cautelares tanto a la víctima como a sus familiares y amistades.
César Morales declaró que el ataque violento con ácido a la joven María Elena Ríos pone nuevamente al estado en la “órbita de la impunidad, de la negligencia, y empezó a ser atendido porque la noticia trascendió a nivel nacional”.
Con este exhorto, dijo, se busca que las autoridades correspondientes adopten las medidas mínimas necesarias para la debida procuración e impartición de justicia.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, apuntó, debe realizar una investigación eficiente e imparcial para el esclarecimiento de los hechos, así como la debida reparación del daño a las víctimas del delito, y las medidas necesarias para garantizar la integridad de las víctimas directas o indirectas en el otorgamiento de las medidas cautelares para su protección, en cualquier caso de naturaleza de violencia de género.
Y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, deberá garantizar que la parte quejosa tenga acceso efectivo a la protección por parte de las autoridades a su entorno.
El diputado local del PT aseguró que el Estado ha sido negligente, e impide que las mujeres tengan acceso al derecho a la justicia y la reparación del daño para las víctimas de violencia. Todo esto debido a la falta de sensibilidad por parte de los operadores judiciales, demora en la iniciación de investigaciones, entre otras.
“Compartimos la preocupación de la sociedad oaxaqueña debido a que, aún a pesar de la detención de los autores materiales de la agresión contra María Elena, falta mucho por hacer justicia, pues quien ha sido identificado por ella, sus familiares y amigos como el instigador de la agresión, está lejos de ser investigado y juzgado por la justicia de la entidad”, recalcó el legislador.
Ámparo anticipado
El amparo promovido por el empresario gasolinero y exdiputado local del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, señalado por la familia de María Elena como el autor intelectual del ataque con ácido que sufrió, continúa en proceso de ratificación.
De acuerdo con información de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el recurso legal fue tramitado por Vera Carrizal el pasado 27 de diciembre, dos días después de la aprehensión del segundo autor material, quien fue identificado como la persona que le arrojó el corrosivo. A partir del expediente 1196/ 2019 del CJF, “se concede la suspensión provisional solicitada respecto del acto reclamado”, y precisa que el amparo fue aprobado el 31 de diciembre pasado y se publicó el 2 de enero.
Dicha suspensión provisional otorgada por el juez federal tiene efecto contra todo acto privativo de la libertad, como una orden de aprehensión, a cambio del pago de una garantía de 3 mil 500 pesos. Hasta el momento la solicitud sigue siendo provisional. Se espera que el 29 de enero haya otra audiencia por juicio de amparo.
