Trasladan a Tanivet a 49 personas recluidas en el penal de Ixcotel, para evitar contagios de Covid-19

Como medida preventiva ante la Fase 3 de la Contingencia Sanitaria por el nuevo virus responsable del Covid-19, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, trasladó a 49 Personas Privadas de Libertad (PPL), por encontrarse dentro del grupo vulnerable de contagio.

El traslado se efectúo del Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel al ubicado en San Francisco Tanivet y entre las personas reubicadas se encuentran aquellas que padecen enfermedades crónico degenerativas o son adultos mayores.

Según la dependencia, el traslado se realizó por instrucciones del gobernador Alejandro Murat y se realizó “con estricto apego a sus derechos humanos”, conforme a las medidas preventivas establecidas y con fundamento jurídico de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca.

La SSPO aseguró que en este proceso se darán todas las facilidades a sus familiares para “garantizar la comunicación, para que conozcan las nuevas formas de acceso y reglas en su nueva reclusión”.

Con el traslado de estas personas, la dependencia busca reducir el riesgo de contagio, aumentando las medidas sanitarias y la atención médica en su nueva estancia, pero afirma que dichas condiciones también fueron garantizadas también durante su traslado. 

El 20 de abril pasado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió revisar casos de personas vulnerables en prisión y analizar su preliberación por la pandemia.

La DDHPO recordó a las autoridades penitenciarias que las personas que viven en reclusión tienen y conservan el derecho ejercer diversas garantías, con excepción de aquellas que han sido restringidos temporalmente por una disposición legal o como consecuencia de la propia privación de la libertad.

Por ello, el órgano autónomo consideró que las autoridades “deben garantizarles condiciones que hagan favorables el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud” a quienes están privados de su libertad.

Por ello la DDHPO solicitó que se refuercen acciones “urgentes e inmediatas” y “bajo enfoque de derechos”, para que a la población penitenciaria se le respete el derecho a la salud, vida digna, integridad personal, saneamiento e higiene y suministro de agua suficiente, salubre y aceptable.

En especial, en casos de personas  mayormente vulnerables al contagio del Covid-19, como aquellas que viven con diabetes mellitus, VIH, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, respiratorias, obesidad, insuficiencia renal, lupus, cáncer, insuficiencia hepática o metabólica o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico.

De acuerdo con el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la penitenciaría de Santa María Ixcotel, el Centro de Reinserción Social de Tehuantepec, el Femenil de Tanivet y el penal de Miahuatlán tenían retos importantes en materia de servicios de salud para las personas privadas de su libertad.