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A dos años de que el Congreso de Oaxaca aprobara la Ley de Víctimas, el gobierno local no ha enviado la terna de candidatos a ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo para la atención efectiva a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
El 13 de septiembre de 2017 se aprobó la Ley de Víctimas del Estado, entró en vigor el 9 de diciembre de 2019 tras publicarse en el Periódico Oficial del Estado y la cual está acorde con la legislación federal en la materia y, en la que se establece la obligación de contar con una Comisión Ejecutiva, un Fondo de Ayuda, una Asesoría Jurídica y un Registro de Víctimas; asimismo, se establecieron las directrices para que la Comisión Ejecutiva pueda determinar su intervención en casos del fuero común.
La legislación de Oaxaca señala que la Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Congreso del Estado.
Esta elección se hará de una terna enviada por el gobernador del estado previa consulta a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, a través de una convocatoria emitida por el Ejecutivo estatal.
Los diputados oaxaqueños también han incumplido con lo que establece la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, ya que en dos años tampoco han asignado un presupuesto para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral contenido en el título octavo y en el artículo noveno transitorio de esta legislación.
La diputada local, Hilda Graciela Pérez Luis, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Alejandro Murat para que priorice este tema enviando la terna para la designación del Comisionado Ejecutivo y con ello se brinde una atención efectiva a víctimas.
De la misma manera, para que se contemple en el proyecto del Presupuesto de Egresos del año 2020 una partida presupuestal para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
