Los reclusorios de Oaxaca presentan diversas irregularidades que se traducen en riesgos para la comisión de actos de tortura en contra de la población penitenciaria, consideró la organización civil Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social.

El coordinador del Programa para la Prevención de la Tortura de dicho organismo, Ángel María Salvador Ferrer, expuso que los actos crueles y degradantes en contra de personas privadas de su libertad “no son una práctica ajena en el estado”.

Por ello, dijo, la necesidad de impulsar programas y acciones que impidan la violación de los derechos de las y los reclusos, para lo cual elaboraron una guía, que fue dada a conocer este jueves en la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

“De nuestra experiencia hemos constado que existen de forma bastante amplia violaciones a derechos humanos en estos lugares, así como riesgos, pero que se pueden prevenir o mitigar” dijo en el encuentro coordinado por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).

De la “Guía de Monitoreo Preventivo de Centros Penitenciarios”, explicó que hay diversas medidas para identificar y prevenir los actos de tortura.

Entre ellos, estar alertas en momentos de riesgo para el recluso, como son durante la detención, cuando están en custodia estatal, cuando hay traslados o son objeto de medidas disciplinarias, “hay que enfocarse en esos momentos”; también, efectuar monitoreos preventivos en penales con visitas no anunciadas y entrevistar en privado a quienes se encuentran en reclusión.

Por su parte, Sara Méndez, representante de Código DH, dijo que si para las instituciones, como la DDHPO, es difícil acceder a los penales para efectuar una supervisión sorpresiva, lo es más para los organismos civiles.

Indicó que hay constancia de constantes violaciones a derechos de los reclusos, pero hasta ahora las autoridades no han hecho lo suficiente para evitar las vejaciones.

Por su parte, el Visitador General de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, coincidió también que es recurrente la violación a las garantías individuales de las personas privadas de su libertad, de lo cual tiene constancia la Defensoría y se ha notificado a la Secretaría de Seguridad Pública, indicó.