La Corte Penal Internacional (CPI) – con sede en La Haya, Países Bajos – admitió la denuncia por delitos de lesa humanidad durante el conflicto político y social de los años 2006 y 2007 contra el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y los expresidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada.

Arturo Peimbert Calvo, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y promotor de esta denuncia, precisó que este paso no significa que la CPI haya decidido iniciar una investigación, sino que el documento presentado cumplió con los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma – instrumento constitutivo de la CPI –.

Hace seis días Peimbert junto con Flavio Sosa Villavicencio y César Mateos, dirigentes de la organización Comuna, Germán Mendoza Nube, líder del Frente Popular Revolucionario (FPR) y Emeterio Merino Cruz, los cuatro en el papel de víctimas de la represión de 2006 y 2007 contra el movimiento magisterial y contra integrantes de la entonces llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), acudieron a La Haya para interponer una denuncia contra el ex mandatario Ulises Ruiz y los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox por su responsabilidad en posibles crímenes de lesa humanidad.

En el documento entregado a la CPI  se asegura que en esos años se cometieron ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias. Sostiene que ocurrieron 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentada y comprobada, así como la desaparición forzada de por lo menos dos personas.

Peimbert agregó que la investigación realizada por la DDHPO reveló que no sólo existieron violaciones graves a los derechos humanos sino también la inauguración de un nuevo modelo de represión oficial que incluía al crimen organizado y lo cual fue sistemático y generalizado. Es decir, aseguró que el ex gobernador Ulises Ruiz y los ex presidentes recurrieron a la delincuencia organizada para reprimir al movimiento social.

Este modelo, asegura, ya se ha replicado en otras entidades del país como los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron asesinadas 22 persona o como lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca, entre otros.

La denuncia interpuesta ante la CPI, dijo, incluye las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión de la Verdad presidida por el sacerdote Alejandro Solalinde y la realizada por la propia DDHPO.

Ante la polémica surgida por el viaje a La Haya y la denuncia contra Ulises Ruiz – quien actualmente aspira dirigir al PRI nacional – en la que se especuló que el viaje y la misma demanda fue auspiciada por el exgobernador José Murat Casab – enemigo político reconocido de Ulises Ruiz – o por el actual mandatario Alejandro Murat Hinojosa, el ombudsman rechazó estos señalamientos.

En rueda de prensa aseguró que la denuncia se presentó hasta ahora, es decir 13 años después, fue porque se agotaron las instancias de procuración de justicia en México: “se quedaron sin mecanismos para lograr una justicia verdadera”, dijo. También hasta ahora, añadió, porque las investigaciones arrojaron información nueva sobre los crímenes de lesa humanidad ocurrida en 2006 y 2007.

“Niego rotundamente que haya financiamiento de la familia Murat, del gobernador Alejandro  Murat o del gobierno del estado”, sostuvo tras afirmar que las víctimas (Flavio Sosa, César Mateos, Germán Mendoza y Emeterio Merino) corrieron con sus gastos y comprometerse a transparentar estos gastos.

Finalmente, Peimbert Calvo informó que pedirán al Estado mexicano que se pronuncie a favor de esta denuncia interpuesta contra los exmandatarios ante la CPI.

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