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“La dificultad del cumplimiento de la sentencia de amparo, explicó la abogada Yáñez Unda, ─vicepresidenta de la asociación que entre otros casos postula el litigio por el rescate de los ríos Salado y Atoyac─ radica en que el procedimiento es inédito, por lo que no existen protocolos para consultar una ley de consulta en México.”
Es necesario, advierte Yáñez Unda, que el Congreso convoque a especialistas nacionales e internacionales en materia de consulta quienes en conjunto con líderes indígenas deberán construir el protocolo de consulta a la ley de consulta: “estamos ante un proceso inédito porque antes de construirse la ley de consulta debe construirse el protocolo de consulta de esa ley, por lo que debe conformarse un panel de expertos y representantes de los pueblos indígenas.”
Hasta el momento, apuntó la defensora de derechos humanos, el legislativo ha sido omiso en convocar al panel de expertos y existe el riesgo de que el Congreso Oaxaqueño haga una ley al vapor que no refleje las aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas o que sea francamente regresiva.
Yáñez Unda señala que la ley deberá ajustarse a los estándares de la sentencia de amparo y a los estándares internacionales, pues de no ser así, el PJF tendría por no cumplida la sentencia y ante el incumplimiento lo procedente es la destitución de los diputados y la puesta a disposición ante el Ministerio Público de la Federación lo que generaría una crisis constitucional en Oaxaca.
