Entre 2017 y 2018 más de mil 500 niñas y adolescentes se convirtieron en madres en todo el país, de acuerdo con el informe Embarazo infantil forzado en México: cada niña cuenta, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem).
La cifra podría ser mayor, debido a que, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Inegi registró sólo en 2017 que un total de 390 mil 89 mujeres menores de 20 años fueron madres en el país; de éstas, 9 mil 748 eran menores de 15 años.
“El embarazo infantil y adolescente es un fenómeno multifactorial que requiere políticas públicas efectivas e integrales dirigidas a promover y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos amigables y sin discriminación, a prevenir y atender la violencia sexual, a impartir educación integral, garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo y a una atención médica especializada”, explica GIRE.
Organismos como GIRE y la Clínica de Atención Psicológica de Terapias y Alternativas (CAPTA) refieren que en la mayoría de embarazos adolescentes son resultado de un abuso sexual cometido por familiares o conocidos de las menores, los cuales no se denuncian y ellas son obligadas a parir.
GIRE destaca que en estados como Oaxaca, la posibilidad de mujeres, niñas y adolescentes embarazadas de acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es mínima, pues aunque en todo el país se contempla que la violación sexual es la única causal legal para el aborto, demostrar una violación requiere de trámites y procesos largos e inaccesibles para las niñas y adolescentes.
Entre 2012 a 2017 sólo se han otorgado 30 ILE en todo el país para menores de edad; de éstas, sólo cuatro han sucedido en Oaxaca.
La situación es aún más grave para niñas indígena, pues según datos del Inegi, 54% de las mujeres hablantes de lenguas originarias en edad reproductiva fueron madres en su adolescencia, porcentaje superior a quienes no hablan una lengua indígena (45.9%).
CAPTA refiere que en las comunidades indígenas persisten los casos de abuso sexual cometidos por personal de escuelas primarias y secundarias.
Falta información. GIRE también indica que los embarazos en la adolescencia muestran el desconocimiento de las menores sobre métodos anticonceptivos. Los estados con resultados más alarmanantes son Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Esto, pese a que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indica que se les debe proporcionar orientación sobre salud sexual y reproductiva.
