Las medidas de apremio o sanciones que incumplan con estas obligaciones son sujetos a una amonestación pública o una multa, que en el caso de la Ley Federal establece de 150 a 1 mil 500 veces el salario mínimo general y en la ley del estado de Oaxaca de 20 hasta 300 salarios mínimos generales.
Entre las principales formas en que los funcionarios evaden el cumplimiento de la ley están: falta de respuesta a las solicitudes de información; actuar con negligencia, dolo o mala fe; incumplir con los plazos para la entrega de información; usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente la información y, declarar la inexistencia de información.
Elsa Bibiana Pérez Hernández, comisionada del órgano de transparencia de la Ciudad de México, advirtió que el incumplimiento a las obligaciones de transparencia también implica una violación a los derechos humanos de los ciudadanos y por tanto, tiene consecuencias más graves que la amonestación pública o la multa.
Al presentar la verificación de este año, el comisionado Juan Gómez precisó que se evaluará una muestra de 60.02 por ciento de los 677 sujetos obligados que existen en Oaxaca: 36 del Poder Ejecutivo, 1 del Poder Legislativo, ocho órganos autónomos, tres fideicomisos, cuatro partidos políticos y 29 municipios, entre otros.
La primera verificación iniciará el 18 de agosto y concluirá el 31 de diciembre de 2018; los resultados preliminares se entregarán en octubre de este año. La segunda evaluación se realizará del 2 de febrero al 28 de junio de 2019.
Mientras que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del IAIP será evaluado por una institución externa de la sociedad civil.
Juan Gómez apuntó que la muestra no es limitativa y los ciudadanos también pueden participar en la verificación de los portales de los sujetos obligados a través del mecanismo de denuncia, habilitado digitalmente en los sistemas de información pública, transparencia y protección de datos personales.