Salado y Atoyac estarán condenados a desaparecer, si retardan amparo

El próximo 15 de noviembre de 2019 vence el plazo de 90 días que el Poder Judicial de la Federación otorgó a autoridades de los tres órdenes de gobierno para crear el proyecto integral de rescate de los ríos Salado y Atoyac.

Lo anterior, como parte del cumplimiento de la sentencia de amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena.

Carlos Morales Sánchez, miembro de Litigio Estratégico Indígena, aseguró que ninguna de las autoridades estatales y federales tiene la intención de cumplir con el plazo dictado por el Poder Judicial de la Federación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), explicó, llegó al grado de solicitar a la jueza federal que se modificaran los efectos del fallo protector “con el propósito de individualizar cada acción en concreto qué debería realizar cada autoridad demandada”; esto, bajo el argumento de que ninguna de las dependencias obligadas a elaborar el proyecto “lograron armonizar una agenda de trabajo conjunta”.

“Qué clase de servidores públicos tenemos que no pueden ponerse de acuerdo.  Hubo necesidad de que la autoridad judicial de la Federación llamara a una reunión que se celebró el 14 de octubre,  en la que les recordó, a todas las autoridades, el deber de coordinarse. E inauguró en México la justicia dialógica”, señaló Carlos Morales.

El activista y abogado agregó además que los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) están molestos porque también fueron vinculados al cumplimiento de la sentencia de amparo.

Carlos Morales señaló como "lamentable" que la autoridad ambiental se oponga a intervenir en el rescate de dos ríos contaminados, "lo que debería ser su prioridad", y manifestó que es urgente tener una reunión con Víctor Manuel Toledo, Secretario del Medio Ambiente, para informarles que sus subordinados se oponen a intervenir en el rescate de dos ríos.

“En Litigio Estratégico queremos un proyecto integral de rescate a los ríos en el que participen todos los involucrados. Queremos que el proyecto no se componga de acciones cosméticas como las que realizan los presidentes municipales sino que ataquen el problema de fondo: la desforestación, la protección integral de la cuenca, una campaña intensa de educación ambiental y una nueva visión sobre el tratamiento de las aguas negras”.

Carlos Morales adelantó que pedirán la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que supervise el ejercicio de los recursos e informó que la jueza federal ha autorizado la intervención como observadores del Posgrado de la UABJO, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Sin embargo, dijo que hacen falta más asociaciones ambientalistas serias para que intervengan y den su punto de vista.

De la misma manera hizo un exhorto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a ser conscientes que si siguen retardando su obligación constitucional de rescatar los afluentes oaxaqueños, estaremos muy cerca de una catástrofe ambiental y de salud pública en Oaxaca.

“Si Conagua, Semarnat, los municipios por donde fluyen los ríos mencionados, y todas las autoridades involucradas, retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo que les ordena el saneamiento y rescate de los ríos del Valle de Oaxaca, ya no habrá mecanismo eficaz para el rescate y los ríos Salado y Atoyac estarán condenados a desaparecer”, concluyó  el abogado.