Congreso construye ley de consulta a pueblos indígenas "de arriba hacía abajo": DDHPO

El proyecto del Congreso de Oaxaca para crear una ley de consulta para los pueblos indígenas, presenta deficiencias para podrían obstaculizar que  efectivamente garantice el derecho de consulta y que las comunidades indígenas puedan decidir sobre los proyectos que afectan su territorio.

Lo anterior lo explica Magdiel Hernández, defensor especializado en pueblos y comunidades indígenas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en el panel Retos para la Aplicación de los Derechos Indígenas en Oaxaca, realizado para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Para el defensor, las consultas que se están aplicando actualmente se realizaron de manera unilateral, bajo diversos criterios de las autoridades  responsables, lo mismo en la extracción de minerales que en las concesiones de minas y de aguas o en los proyectos eólicos. 

"Muchos de estos proyectos se aplicaron son que se tomara en cuenta a las comunidades indígenas, se judicializaron y es donde intervino la ley para aplicar el derecho de consulta", señaló. 

Agregó que aunque actualmente hay esfuerzos y se han dado pasos importantes para legislar en esta materia, el proceso no está completo, pues "han habido demasiadas deficiencias para que las autoridades cumplan con lo convenios internacionales del derecho de consulta que lo garantizan".

Ante ello, aseguró que deben seguir perfeccionando estos acercamientos y puso como ejemplo lo que sucede actualmente en la entidad, donde el Congreso realiza uña procedimiento para crear dicha ley antes de que termine enero, lo anterior ante el emplazamiento de un juez. 

"En Oaxaca se está construyendo un proyecto de ley de consulta. Vamos a ver si funciona porque se está construyendo de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Es uno de los principales defectos que tiene. Se tiene que perfeccionar", indicó.

El defensor asegura que para que esta ley sea efectiva, uno de los criterios con los que debe cumplir es que se traduzca a todas las lenguas de la entidad.

Además, agrega, se deben tomar  en cuenta los intereses de los pueblos para que "haya una oposición cuando afecte sus derechos, o que haya concesión colectiva de los pueblos cuando beneficie y su desarrollo vaya paralelo".

El ponente aseguró que el problema no es la aplicación de las consultas en sí, sino cómo se compensan, cómo se indemnizan y cómo se desarrollan las comunidades indígenas con todos los proyectos que se consultan y se van efectuar.

"Deben tener un crecimiento paralelo y no a favor de intereses y en prejuicio de las comunidades", sentenció. 

Además del derecho a la consulta, el conversatorio reflexionó sobre los derechos lingüísticos, la muerte materna y la participación de las mujeres en contextos comunitarios, considerados pendientes que tiene el Estado y sus instituciones respecto a los pueblos originarios y que fueron presentados por ponentes especializados. 

En todos los casos se concluyó que aunque existen avances en el papel, la realidad de las comunidades muestra que están muy lejos de ser aplicados dichos cambios en favor de los pueblos originarios.

El panel contó en su inauguración con la presencia de Eufrosina Cruz, titular de la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, Gloria Sánchez, diputada local y presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso y Bernardo Rodríguez Alamilla, ómbudsman oaxaqueño.