Realizan juicio popular contra el Estado y empresas mineras
Buscan articular las luchas contra la minería en diferentes municipios y regiones del estado para hacer frente al modelo extractivo y exigir el respeto de los derechos de los pueblos
Un total de 23 organizaciones de la sociedad civil iniciaron hoy un juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca, con el objetivo de visibilizar y denunciar la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas, ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros.
La segunda finalidad es articular las luchas contra la minería en diferentes municipios y regiones del estado para hacer frente al modelo extractivo y exigir el respeto de los derechos de los pueblos.
Previo al inicio del juicio popular, los organismos civiles realizaron una ceremonia o ritual; los organizadores explicaron que la iniciativa surgió a partir de los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” realizado en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, los días 23 y 24 de febrero de 2018.
“En dicho encuentro participamos alrededor de 60 comunidades y 36 organizaciones que actualmente están enfrentando los embates del modelo extractivista y analizamos que es importante empezar a articularnos para fortalecer nuestra defensa, además de enjuiciar al Estado y las empresas mineras por sus acciones”, expusieron.
Las razones, dijeron, es porque en las últimas dos décadas el proyecto neoliberal-extractivista se ha profundizado en México, impulsando diversos proyectos de muerte, amparados en tratados y acuerdos comerciales internacionales y una legislación que permite una violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades.
Dentro de estos proyectos se encuentra la minería como uno de los ejes principales del modelo, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30 por ciento del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.
“Estos proyectos han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros. Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente”.
Paralelamente, según se denunciaron, los gobiernos federal, estatal y municipal, conjuntamente con las empresas han desarrollado una serie de estrategias para presionar a los pueblos y sus autoridades municipales, agrarias y comunitarias para que acepten los trabajos de prospección, exploración y explotación minera, como los programas RRAJA (antes-Fanar-Procede), Proagro (antes Procampo), programas de conservación, además de coaccionar económicamente o bajo amenazas a las autoridades locales que están en oposición.
