Exigen 175 organizaciones liberación de vocero de Codedi; marcha Sección 22 en apoyo

Al menos 175 organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos exigieron al gobierno federal y estatal la "liberación inmediata" de  Fredy García Ramírez, miembro del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), quien fue aprehendido el 6 de noviembre en la capital de Oaxaca.

Mientras que los integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), marchan este día por calles del Centro Histórico de la capital con la misma exigencia. 

Lo anterior porque los organismos califican la detención como "arbitraria e ilegal" y aseguran que con ello se reactivan los ataques a los referentes de la organización comunitaria en el estado de Oaxaca.

Aseguran que se han  documentado los "graves atentados" que han sufrido los defensores indígenas para realizar sus labores, y que de enero de 2018 a la fecha, suman 5 asesinatos, 6 detenciones arbitrarias, 3 allanamientos y robos y 2 intentos de asesinato.

Agregan que también se han registrado amenazas constantes contra integrantes de  Codedi y denunciaron la militarización de la zona en la que se encuentra su centro de capacitación, todo por "defender su legítimo derecho a la autodeterminación, consagrada en tratados internacionales como el 169 de la OIT, la constitución nacional y la constitución local".

"Desde hace meses se han documentado las amenazas de muerte que le han hecho llegar al líder indígena, Abraham Ramírez Vásquez, fundador del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, estas se han hecho del conocimiento de instancias federales de manera oficial desde el pasado14 de junio", afirman. 

Sobre el señalamiento sobre la presunta participación de Codedi en el asesinato de un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), aseguran a través de un comunicado que el 23 de septiembre se denunció el ataque armado que sufrió el coordinador local de CODEDI en Santiago Xanica, y que fueron los pobladores quienes detuvieron a uno de los sujetos atacantes y solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) por "la desconfianza tan grande que existe en las instituciones estatales".

Según su relato, al no haber respuesta alguna después de más de tres días de espera, la misma población de Santiago Xanica "se vio en la necesidad de acudir hasta Santa María Huatulco a entregar a los agresores, una vez más exponiendo su vida ante la inacción gubernamental".

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la detención de Fredy García obedeció a una orden de aprehensión integrada en la causa penal 4682/2019, por los delitos de lesiones con la calificativa de premeditación y ventaja; robo específico y robo con violencia por equiparación.

Según las organizaciones civiles, esto se traduce en una intención de linchamiento, y es la respuesta de la instancia de procuración de justicia al carecer de "un trabajo serio de investigación y debida diligencia, por el deceso de un agente estatal de investigaciones". 

"La Fiscalía General de Oaxaca, frente al cúmulo de delitos de los que ha sido víctima no sólo Codedi, sino de todas las organizaciones sociales y pueblo en general, hoy, en lugar de cumplir con su mandato para con la seguridad de las y los oaxaqueños, encabeza la campaña de criminalización de un defensor de Derechos Humanos que ha trabajado por la justicia social en varias regiones de Oaxaca y de la organización indígena a la que pertenece", acusan. 

Lo anterior, señalan, violenta el derecho de los ciudadanos a organizarse para exigir sus derechos y a construir una sociedad democrática y plural.

"Codedi es un referente histórico en la resistencia y defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, ha construido propuestas fundamentales para el ejercicio de sus derechos a la autodeterminación y de resistencia contra el despojo de la tierra y el territorio en las regiones Costa y Sierra Sur de Oaxaca", agregan. 

Denuncian que no se trata de un ataque aislado, sino de una larga lista de agravios que marca "una nueva ola de represión" en contra de las comunidades indígenas organizadas y de los defensores de Derechos Humanos que los acompañan en su camino de construcción de la autonomía.