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Con la finalidad de evitar una crisis en el resguardo de cadáveres que no han sido identificados ni reclamados, como ha ocurrido en otras entidades del país como Jalisco, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha solicitado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública la adquisición de ocho congeladoras forenses y la construcción de un cuarto frío para el cuidado de al menos 100 cuerpos de víctimas de la violencia.
El director del Instituto de Servicios Periciales de la FGEO, Jorge Alejandro Gómez Guerrero, consideró “algo preocupante” los casos de violencia registrados en los últimos meses en la entidad, que han provocado la muerte de hombres y mujeres que no han sido reclamados por sus familiares. “Ante esa situación, estamos haciendo todas las acciones para que ese fenómeno no nos rebase”, señala.
De acuerdo con los datos del titular del Instituto de Servicios Periciales, las ocho congeladoras servirían para el resguardo de entre cuatro y cinco cuerpos, que luego se enviarían a cada una de las regiones del estado, mientras que el cuarto frío se construirá en la capital y tendría una capacidad para 60 cadáveres.
La inversión que se requiere para ello es de 3 millones de pesos, calcula Gómez Guerrero.
Actualmente, en el Servicio Médico Forense del Instituto de Servicios Periciales, ubicado en la ciudad de Oaxaca, hay 40 cuerpos que no han sido identificados ni reclamados, por lo que se contempla que para inicios de año se solicite la colaboración de las autoridades municipales de San Bartolo Coyotepec, en Valles Centrales, para poner en marcha el procedimiento de inhumación individualizada de algunos de esos cadáveres.
Sólo en 2019 en la entidad han sido inhumados 42 cuerpos, cuya información como fotografías, perfiles genéticos, análisis de dentaduras, tatuajes e incluso ADN está resguardada en carpetas de investigación que han sido compartidas con la base de datos de personas no reclamadas a nivel nacional.
La inhumación más reciente ocurrió en el panteón del puerto de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, donde en noviembre sepultaron 20 cuerpos.
Antes, en septiembre, inhumaron a otros 12 en Juchitán. Según información oficial, también se registraron inhumaciones en Etla, Valles Centrales; Tuxtepec, en la región de la Cuenca, y en Ciudad Ixtepec, también en la zona del Istmo.
“Desde el año pasado, la crisis en el tratamiento de las víctimas de la violencia, sin ser reclamadas por sus familiares, comenzó a resentirse en varias entidades del país, como Jalisco, Guerrero, Morelos, Veracruz, Guanajuato y Michoacán, entre otras. Para nosotros, la situación es preocupante, pero no vamos a esperar que el fenómeno nos rebase, por eso estamos tomando todas las acciones necesarias”, reitera el director del Instituto Médico Forense de la fiscalía.
Por fortuna, dice, las gestiones que realiza el fiscal Rubén Vasconcelos con autoridades municipales han tenido éxito y se han facilitado las inhumaciones individualizadas de los cuerpos no reclamados. “Agradecemos la buena colaboración de todas las autoridades municipales y adelanto, en Puerto Escondido, en la Costa, se está buscando un espacio para una especie de panteón forense”, adelanta el funcionario.
Además, Gómez Guerrero asegura que Oaxaca es una de las 15 entidades del país que resultaron beneficiadas con un programa federal para construir en la capital un cementerio forense para 2 mil cuerpos, y que también se destinaría para resguardar restos óseos de víctimas que entren en proceso de degradación.
“Hace dos meses nos informaron que Oaxaca tiene la posibilidad de formar parte de las 15 entidades que podrán contar con un panteón forense para inhumar los cuerpos de las personas asesinadas que no sean reclamados por sus familiares, pero eso sí, de acuerdo con la ley de personas desaparecidas, se integrarán las carpetas con sus perfiles genéticos”. Solamente, expone, falta hablar con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), para determinar cuál es el proceso a seguir para bajar los recursos destinados a la construcción del panteón que daría a la entidad la posibilidad de atender “los desafíos que impone la violencia y el manejo de los cuerpos de las personas no reclamadas”.
“El fiscal nos ha instruido para que no bajemos la guardia. No podemos esperar a que la violencia nos supere. Este año suman 82 cuerpos no reclamados, ya inhumamos 42 y en el instituto forense, con 15 espacios, hay 40 cuerpos en espera de su reclamo o de la inhumación individualizada”.
Sólo en los primeros 10 meses de este año, datos de la Segob indican que en Oaxaca asesinaron de forma violenta a mil 11 personas, de las cuales 986 se tipificaron como homicidio doloso y 25 como feminicidio.
Además, EL UNIVERSAL publicó el 1 de diciembre que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) indaga la desaparición de 117 personas desde 2018.
