Exponen caso de María del Sol a Cámara de Diputados

Durante su asistencia a la Audiencia Pública "Los feminicidios: emergencia nacional, impunidad institucional", realizada en la Cámara de Diputados federal, la periodista Soledad Jarquín Edgar solicitó a las legisladoras su intervención para que se sancione a funcionarios de Oaxaca que han sido omisos en esclarecer y aplicar justicia por el asesinato de su hija María del Sol Cruz Jarquín.

Lo anterior porque han obstaculizado las investigaciones sobre el asesinato de la joven, quien perdió la vida en el atentado registrado el 2 de junio de 2018, en Juchitán de Zaragoza, cuando acompañaba a la candidata a segunda concejal de ese municipio, Pamela Terán y a su chofer, Adelfo Guerra.

Asimismo, aseguró que tras lo sucedido, "los llamados que han hecho tanto la Cámara de Diputados local, como la federal para que se agilicen las investigaciones no han causado mella alguna en las autoridades locales ni en la Fiscalía general de Oaxaca".

Los datos presentados por la comunicadora revelan que el proceso electoral 2018, fue el más violento de la historia mexicana, en el que 17 mujeres aspirantes a ocupar un cargo de elección popular fueron asesinadas, antes, durante y un mes después del proceso. Siete eran precandidatas o candidatas, 10 militantes, regidoras o síndicas en funciones, activistas, dirigentes de partido, una fotoperiodista y familiares de ellas.

La información recabada por el corporativo Etellekt, indica que cinco de las víctimas pertenecían al Partido Revolucionario Institucional, tres al Partido Verde Ecologista de México, tres al Partido de la Revolución Democrática, dos al Partido del Trabajo, uno al Partido Encuentro Social, uno de Movimiento Ciudadano y uno del Partido Unidad Popular, integrado en su mayoría por una militancia de personas de la etnia Triqui, en Oaxaca.

Mucha violencia

Ambos feminicidios, el de Pamela Terán como de María del Sol Cruz Jarquín, son dos de los más de 270 asesinatos violentos contra mujeres ocurridos en Oaxaca en los dos años tres meses de gobierno de Alejandro Murat, precisó.

Recordó que su hija, quien era jefa del departamento de Comunicación Indígena Intercultural fue enviada por su jefe, el entonces titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Francisco Javier Montero López, a realizar diversos trabajos para apoyar al candidato, su hermano Hageo Montero López.

Si ella se negaba perdería su trabajo, por lo que accedió considerando que había estado muchos meses desempleada y necesitaba dinero. Ella estuvo viajando al menos cinco veces a Juchitán desde los últimos días de abril y durante todo el mes de mayo, preparando los productos de propaganda política para el candidato.

Montero López asumió el 1 de enero pasado la regiduría de Energía Eólica en Juchitán de Zaragoza, pese a la utilización de recursos públicos y humanos, culpabilidad sentenciada por el TEPJF, que al final, llevaron al asesinato de mi hija, quien se tuvo que trasladar al noveno municipio más peligro del país en tiempos electorales, cuando su oficina se encontraba a solo 30 minutos de casa.

"En el ataque armado, de acuerdo con la Fiscalía habrían actuado al menos dos tiradores. Los hechos ocurrieron a las 2 de la mañana con 27 minutos. Nadie me informó de los hechos, ni la gente del equipo de campaña, ni de la SAI. Cuando vi la noticia le pedí a mi compañera de SemMéxico, Nadia Altamirano que investigara, a eso de las 8:30 de la mañana.

“Media hora antes había empezado a llamar a mi hija por teléfono sin obtener respuesta alguna. Fue al filo de las 10 de la mañana y de acuerdo a los datos de mi compañera que confirmó que se trataba de ella, la fotógrafa asesinada", recordó.

"El día 5 de junio, después de sus exequias, me presenté ante la Fiscalía General del Estado, donde se había iniciado ya una carpeta de investigación por ‘homicidio calificado’. En septiembre se detuvo a un probable sospechoso, un joven que resultó ser familiar de los Montero López, quien no fue vinculado a proceso por parte del juez de control", agregó.

Además, reiteró que cuando acudió al lugar donde María del Sol se hospedaba, tanto sus pertenencias personales, así como su cámara fotográfica, su cámara de video y su computadora, habían desaparecido; en el equipo había pruebas gráficas del trabajo que realizara la joven durante la campaña.

"Ese mismo día ratifiqué la carpeta de investigación por delito electoral. Durante más de un mes estuve trabajando muy cerca de las investigadoras y su personal para aportar pruebas y llamando a testigos. Algunas personas de la Secretaría de Asuntos Indígenas que la conocieron y trabajaron con ella fueron advertidas de no cooperar con las autoridades en la investigación", precisó.

Sin avances

El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca reconoció que se había violentado la ley electoral al disponer de recursos públicos, financieros y humanos, e impuso una multa al candidato Hageo Montero López. "Al inconformarme, la Sala Xalapa, quien también reconoció el delito, señaló que debería ser multado con una cantidad mayor”.

Pese a las sanciones administrativas, la carpeta por el delito criminal, que lleva una Vicefiscalía Regional del Istmo, no tiene avance alguno en la investigación, mientras que la carpeta por el delito electoral en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cuya titular es Araceli Pinelo López, no ha sido vinculada a proceso, pese a que desde agosto pasado estaba integrada y lista de acuerdo con su titular.

“Es decir, hasta ahora no se toman en cuenta los criterios aludidos por el Tribunal Electoral, lo que hace imposible la buena práctica de la Fiscalía que encabeza Vasconcelos Méndez”, recalcó.

Y lamentó que a más de nueve meses de lo sucedido, tanto el asesinato de su hija como el de Pamela Terán, no son investigados como feminicidios, pese a que se dieron en un contexto electoral y en un ámbito que implica violencia política de género, por decisión unilateral y arbitraria del fiscal de Oaxaca.

Por ello, durante su mensaje, pidió a los diputados federales "su intervención enérgica para que se inicie un juicio político contra el fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez y se proceda a la revocación del mandato en contra de Hageo Montero López".