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Mientras que en 2011 recibió 330 millones de pesos, en 2017 la cantidad fue de dos mil 928 millones de pesos en 2017, por debajo del Estado de México (8,601 mdp), Michoacán (3,879 mdp), Guerrero (3,831 mdp), Ciudad de México (3,564 mdp) y Chiapas (3,328 mdp).
“Ahora los nuevos datos muestran que el gobierno federal ha seguido gastando más y de manera diferente a lo que aprueba el Congreso, y que las diferencias son incluso mayores.
A través de algunos fondos de este Ramo, explica, se transfieren recursos a gobiernos locales, los cuales presentan un riesgo elevado de ser usados para premiar o castigar a dichos gobiernos; es decir, para el control político.
En la investigación se analizó el uso de las transferencias de recursos públicos hacia figuras discrecionales de gasto como son los programas de subsidios del Ramo 23.
“Específicamente, estudiamos los datos del gasto de programas presupuestarios que no cuentan con reglas de operación y exhiben un gasto de tamaño considerable que en su mayoría no fue autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año correspondiente”.
La organización México Evalúa asegura que la asignación de estos recursos se hace sin contrapesos y queda a criterio exclusivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): “cuánto se gasta, a quién se le da, por qué, cuánto y cuándo”.
Los datos sugieren, sostiene, que con frecuencia la objetividad esperada en las asignaciones entra en conflicto en tiempos electorales.
“Revelan que los recursos repartidos a través de los tres programas más discrecionales del Ramo 23 con frecuencia han tenido comportamientos sujetos a interpretaciones políticas. En varios momentos, estas transferencias han favorecido a gobernadores pertenecientes al mismo partido que el Ejecutivo Federal, situación que se observó tanto en la última administración panista como en la actual priista; en ambas durante el año previo a una elección presidencial”, señala.
