Este caso se dio a conocer sólo a unos días del asesinato de Alexander, un joven futbolista de 16 años que murió a causa de un balazo disparado por el arma de un policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, en la región de la Cuenca del Papaloapan; el ataque también dejó herido a otro joven de 15 años.
De acuerdo con datos de la Defensoría, en lo que va del año suman 120 las quejas interpuestas por actuaciones violatorias de derechos humanos cometidas por corporaciones policíacas municipales, cuyos motivos principales son la “falta en la motivación de los actos de autoridad”; “detención arbitraria”, “uso indebido de la fuerza”, “tratos crueles o inhumanos”, “suspensión arbitraria de los derechos de una persona”, “imposición de penas o sanciones crueles e inhumanas”, “detención ilegal”, “agresiones” y “amenazas”.
A esta situación ya preocupante, el órgano autónomo suma que derivado de la pandemia de Covid-19 en el estado, se dio un incremento de la vigilancia policial por la instalación de filtros sanitarios o cierres de fronteras municipales en 146 localidades al interior del estado, de acuerdo a un recuento efectuado por la institución, “sin que exista en la mayoría de los casos, un protocolo de actuación por parte de los elementos policíacos municipales o personal que se encarga de su resguardo”.
Por esta razón la Defensoría señaló la urgencia de establecer procesos de formación, sensibilización y acreditación de los elementos municipales, así como de “fortalecer los controles de confianza y profesionalización de los elementos”.