En Unión Hidalgo acusan a Sener de violar amparo contra parque eólico

De acuerdo con la sentencia de amparo, las autoridades no deberán realizar ni continuar las fases de construcción y operación de la central eólica

Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Estatal 12/09/2019 21:25 Juan Carlos Zavala Oaxaca Actualizada 21:25

Activistas y comuneros de Unión Hidalgo acusaron a la Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno Federal, de violar el amparo que suspende las acciones en torno a la instalación de un parque eólico en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

Explicaron que las autoridades de la Sener realizaron una asamblea en la comunidad respecto a una consulta indígena sobre el parque de generación de energía que comenzó desde el año pasado.

Según el expediente de sentencia de amparo, con número 377/2018, especifica que las autoridades responsables, en este caso la Dirección General de Impacto Social y de Ocupación Superficial, ambos organismos dependientes de la Sener “no deberán realizar ni continuar las fases sobre la construcción y operación de la central eólica Gunáa Sicaru, hasta en tanto se reciba la opinión y en su caso validación de la información enviada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

La asamblea que viola la sentencia de amparo, detallaron, fue encabezada por Melquiades González Juárez, director general adjunto de vinculación social y operador de la Sener, en donde participaron alrededor de 500 personas, entre ellos propietarios de tierras, defensores comunitarios y también pueblo en general.

La consulta que se realizó en el centro de la localidad sobre la central eólica Gunáa Sicarú (“mujer bonita” en zapoteco), se encuentra en la fase informativa: Un parque el cual tendrá 96 aerogeneradores con capacidad de 2.625 mega watts, de acuerdo con el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía,

 “Que pena que un gobierno que presume tener conciencia y voluntad se esté prestando a la farsa de simular que nos consulten. Si la asistencia a estas ‘asambleas’ es del 4% de la comunidad, ¿qué tan válido son esos acuerdos?”, denunciaron los defensores en un comunicado.

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