La Comisión de la Verdad gastó 8 mdp en salarios
Dedicó 90% de sus recursos a sueldos y 7% a investigación; su fin era indagar violaciones a derechos humanos en 2006
La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), que fue creada para indagar las posibles violaciones a derechos humanos acontecidas en 2006, durante el conflicto de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dedicó sólo el 7% de su presupuesto para labores de investigación.
En cambio, 90% de los recursos públicos que recibieron del gobierno estatal se usaron en el pago de salarios o en gastos de personal; lo anterior, de acuerdo a su informe de Actividades y de Gastos, que reportó el empleo de más de 9 millones de pesos.
Esta comisión fue creada por los diputados de la 60 Legislatura del Congreso local para investigar los hechos ocurridos en 2006, durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, cuando se registró un conflicto político-social que alcanzó dimensiones violentas, derivado de un conflicto laboral con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Durante ese año se cometieron violaciones a derechos humanos y, de acuerdo con la comisión, crímenes de lesa humanidad que hasta la fecha no han sido esclarecidos, y por los cuales ninguna persona, ni servidor público, se encuentra vinculada a proceso penal.
Para la operación de esta comisión, los diputados locales asignaron un presupuesto de 18 millones 173 mil pesos, el cual se ejecutó durante el periodo de septiembre de 2014 a febrero de 2016.
La nueva institución pública estuvo encabezada por el sacerdote Alejandro Solalinde e integrada por el periodista Diego Enrique Osorno González y la ciudadana Marina Jiménez Ramírez, quienes fungieron como comisionados, así como María Eugenia Mata García, que tuvo el cargo de secretaria Ejecutiva de la comisión.
Los cuatro responsables de la Comisión de la Verdad de Oaxaca tuvieron sueldos similares a un secretario de estado con la clave 22A, de acuerdo con el tabulador de salarios mensuales para mandos medios y superiores del gobierno del estado. Los tres comisionados y la secretaria ejecutiva percibieron durante 11 meses un sueldo mensual de 42 mil 102 pesos, conformada por “compensación fija garantizada”, “previsión social múltiple” y “remuneración al desempeño laboral”.
El informe de gastos únicamente refiere dos periodos: del primero de septiembre a diciembre de 2014 y de enero a julio de 2015. En los cuatro primeros meses de operación, la Comisión de la Verdad gastó 2 millones 935 mil 460 pesos en salarios, 10 mil 363 en gastos administrativos, 250 mil 405 en programas de investigación, 13 mil 920 pesos en seguridad y 22 mil 253 en pago de impuestos.
Mientras que en el segundo periodo gastaron 5 millones 235 mil 41 pesos en salarios y prestaciones al personal, 108 mil 714 en gastos administrativos, 436 mil 376 en programas de investigación, 69 mil 600 en seguridad y 40 mil 496 en el pago de impuestos. En ambos periodos el monto pagado en sueldos y gastos administrativos sumó más de 8 millones 289 mil pesos, mientras que el destinado a investigación fue de 686 mil 781.
Trabas a la investigación. En su informe final, la comisión argumentó que enfrentó dificultades que iniciaron con el alcance reducido de las facultades establecidas por la legislatura.
“La CVO careció de cualquier medida jurídica que le ayudara a horadar la muralla de complicidades e iluminar la trama coercitiva”, dice el documento.
Además, los integrantes argumentaron que instancias municipales, estatales y federales, así como órganos autónomos, no dieron respuesta a las solicitudes de información presentadas por la Secretaría Ejecutiva.
“Sólo se tuvo una respuesta del 29%; de ellas, el 14% fueron afirmativas y el 15% negativas por no contar con información o no poder entregarla”, explican.
La investigación realizada por el organismo basó sus labores únicamente en entrevistas y recolectó 263 testimonios, 59% de hombres y 41% de mujeres. De los testimonios, 38.4% fue de víctimas directas, 60.8% de testigos o informantes y 0.7% de presuntos perpetradores. Y casi la mitad, 49%, de las víctimas directas fueron indígenas. De ese total, 25% fueron zapotecas y 14%, mixtecos.
El periodo de toma de testimonios abarcó siete meses, tiempo “sustantivo para la realización del informe, ya que a partir de la transcripción y codificación se organizó y gestionó el material para su sistematización y, de esa manera, agilizar la redacción de los documentos”, detalla dicho informe.
Sin transparentar gastos. Aunque actualmente la página electrónica de la Comisión de la Verdad de Oaxaca sigue activa, la información sobre sus obligaciones de transparencia fue deshabilitada y por tanto no es posible conocer a detalle el gasto total que realizó la comisión.
A través del sistema de transparencia, EL UNIVERSAL solicitó información a la Comisión de la Verdad de Oaxaca, pero al estar disuelta no se señala qué instancia es la responsable de proporcionar dicha información.
Este 17 de septiembre, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (Iaip) se declaró incompetente para resolver el recurso de revisión interpuesto ante la falta de respuesta a la solicitud de información sobre la Comisión de la Verdad, según el Recurso de Revisión R.R./331/2017.7.
