Incumple gobierno local acuerdos de apoyo financiero suscritos con la UABJO
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la universidad reportó que el gobierno del estado no le ha entregado la totalidad de los recursos comprometidos
El gobierno de Oaxaca ha incumplido con los compromisos establecidos en los Convenios de Apoyo Financiero (CAF) suscritos con el Gobierno Federal, principalmente en la asignación de subsidio estatal ordinario para la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la universidad reportó que el gobierno del estado no le ha entregado la totalidad de los recursos comprometidos en los CAF o bien, su entrega fue extemporánea. En esta misma se encuentran las universidades públicas estatales del Estado de México y Chiapas.}
La SEP detalla que considerando el presupuesto entregado a las universidades, el porcentaje de participación federación- estado fue variable.
Los casos en que la participación del estado disminuyó fueron la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); la UABJO se mantuvo en un promedio de 10.5 por ciento, la más baja de las universidades públicas estatales. Mientras que en otras seis universidades del país con crisis financiera, incrementaron la participación del estado y la mayor fue la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
De las nueve universidades, contrasta la participación de alrededor del 50% en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) y en la UJAT, con la baja proporción que tiene el gobierno de Oaxaca en el subsidio a la UABJO.
Por su parte, en cuatro universidades la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), UAEM, Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y UNACH, el subsidio estatal es de alrededor de la tercera parte del total, y en las dos restantes Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) de alrededor del 20 por ciento.
De acuerdo con la SEP, los CAF se suscribieron para comprometer a las Universidades Públicas Estatales (UPE) en la ampliación de su matrícula.
“Para formalizar la entrega de estos recursos no regularizables, se firmaron los CAF con la participación de los respectivos gobernadores y secretarios de finanzas locales, a fin de hacerlos corresponsables en la búsqueda de soluciones al déficit de las universidades”.
En consecuencia, la mayoría de las UPE incrementaron su población estudiantil, diversificaron su oferta, mejoraron la calidad de sus programas y ampliaron la cobertura territorial de sus servicios educativos mediante nuevas unidades académicas.
“Ello fue posible por el apoyo de fondos extraordinarios como el U079 Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, el S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa y el U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPE, entre otros2.
Por eso y como consecuencia lógica, señala, el incremento de la matrícula y la expansión territorial requirió necesariamente de un mayor número de personal académico y administrativo, plantilla que a la fecha no ha sido reconocida en su totalidad por la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que ha ocasionado un importante déficit presupuestal.
Durante este proceso, advierte, la participación del gobierno federal y de los gobiernos estatales en el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, ha tenido variaciones importantes según las condiciones económicas y políticas del país.
En el periodo 2000 a 2017 se observó un crecimiento de la matrícula pública de educación superior de 117%, mientras que el incremento del gasto federal para este nivel fue de 65% en términos reales. La diferencia entre ambos crecimientos se tradujo en una reducción en el subsidio por alumno.
La SEP explica que las causas del déficit financiero en estas nueve universidades públicas estatales se deben a que el número de plazas de personal contratadas superan las reconocidas en los CAF que firman la SEP, el gobierno estatal y la universidad, así como el monto destinado al pago de prestaciones al personal académico y administrativo, que es superior a los montos asignados en los CAF.
A ello se suma el costo de los sistemas de pensiones y los adeudos en que incurren. Para siete universidades el costo de la educación media superior, que no está reconocido en los CAF, constituye otro factor del déficit; entre otras causas.