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“Se continuará trabajando para dar seguimiento a las peticiones que ambas comunidades están planteando al gobierno”, declaró.
Aseguró que ambas comunidades han mostrado toda su apertura para la sociedad civil, medios de comunicación y autoridades de Derechos Humanos "constaten en territorio que existen condiciones para cumplir con los acuerdos".
La audiencia del gobernador con las autoridades comunitarias de ambos pueblos se dio luego de la presión de artistas, escritores, periodistas, entre otras personalidades, que a través de las redes sociales y bajo la consigna “Agua para Ayutla ya” pedían solución al conflicto y justicia para los 3 mil habitantes ayuujk de esta comunidad, quienes desde 2017 pedían audiencia con el mandatario.
Agrega que anteriormente en el conflicto de tierras se discutía a unos 10 kilómetros de donde se encuentra el manantial; pero desde el año 2000 “un grupo armado de Tamazulápam empieza a invadir la zona del manantial, primero para reclamar derechos sobre el agua, después sobre la propiedad del manantial y recientemente el despojo por la fuerza del territorio aledaño a este nacimiento de agua”.
En 2017, pese a la violencia y el despojo, las autoridades y la comunidad de Ayutla aceptaron que Tamazulápam se conectara al manantial a través de un cárcamo de bombeo – como estos últimos lo habían propuesto – pero cuando se realizarían los trabajos técnicos y se pretendía construir el cárcamo de bombeo, la gente de Tamazulápam destruye la infraestructura hidráulica de Ayutla que estaba en la zona.
“Nuevamente la Segego los vuelve a sentar y vuelven a acordar después de meses, pero ahora resultó que Tamazulápam ya no quería el agua por cárcamo de bombeo, sino que ahora exigían que Ayutla cediera nuevas tierras, aparte del despojo de 2017, porque querían el agua por gravedad, ya no por cárcamo de bombeo”, detalla el especialista.
Para José Galván, la declaración del gobernador de que también se conectará a Tamazulápam y que será por el sistema de gravedad implica que para que pueda tener el ángulo de desnivel necesario para que el agua corra de la forma libre, tiene que pasar por más territorio de Ayutla, por nuevos predios. Y en un contexto de despojo de tierras, sostiene, es un claro riesgo ceder a esa exigencia de prestar sus tierras.
“Para mí es muy irresponsable que el acuerdo sea garantizar la distribución de agua para los dos pueblos. En Ayutla, efectivamente, la extracción del agua es por gravedad, pero para el caso de Tamazulápam en todo caso el gobierno del estado debió asumir los gastos de la construcción del cárcamo de bombeo para evitar que se hiciera uso de más tierras, ante el contexto de despojo”, dice.
Es por ello que advierte que esta decisión del gobierno estatal podría profundizar el conflicto entre ambas comunidades, porque expone más tierras.
“El derecho fundamental de Ayutla está siendo sujeto de negociación para poder restablecer el servicio de agua potable; prácticamente el gobierno está cediendo al chantaje de un grupo violento, armado y con intereses oscuros”, asegura.
Además, consideró que el gobierno estatal debió difundir a los medios de comunicación la solución a la crisis por agua de Ayutla cuando efectivamente se haya reconectado a la comunidad al manantial, pues podría tratarse sólo de “una estrategia mediática para apaciguar la presión social nacional que se ha ejercido”.
